7.2. Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones.
I. La liberación del mercado de la tierra y las desamortizaciones. En el Antiguo Régimen, gran parte de la tierra estaba en “manos
muertas” por lo que no era amortizable (no se podían enajenar, es decir, vender, hipotecar o ceder) bien por ser de la Iglesia, de los
municipios o mayorazgos (nobleza). Con el objetivo de liberalizar el mercado de la tierra, se decide: a) supresión de los mayorazgos en
1836, pudiéndose vender como propiedad libre y plena. b) abolición del régimen señorial en 1837 anulando los derechos señoriales
jurisdiccionales y se transforma la tierra de señorío en propiedad libre. Los tribunales decidieron mayoritariamente a favor de los derechos
señoriales sobre la propiedad frente a los campesinos, lo que no perjudicó a la nobleza incluso aumentó su patrimonio. c) las
desamortizaciones que consistían en la expropiación por parte del Estado, de las tierras eclesiásticas y municipales para su posterior venta
a particulares en pública subasta. En compensación por estas expropiaciones, el Estado se hacía cargo del gasto del culto y clero. Aunque
había habido precedentes con Godoy y José I, la mayor parte de las desamortizaciones e llevaron a cabo a partir de 1836 mediante las de
Mendizábal y Madoz.
- Desamortización de Mendizábal (1836): Previamente se habían disuelto en 1835 las Órdenes Religiosas que no se ocuparan
de la enseñanza o del cuidado de enfermos, quedando sus propiedades como Bienes Nacionales. La Desamortización de Mendizábal
puesta en práctica por el gobierno progresista, se llevó a cabo vendiendo mediante subasta estos bienes para obtener los beneficios
necesarios para sanear la Hacienda, financiar la Primera Guerra Carlista y convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa
liberal. Se ha criticado que primara la finalidad fiscal sobre la reforma social, y se desaprovechó la oportunidad de repartir las tierras entre
los campesinos que las habían venido trabajando, cuestión que habría posibilitado una revolución agrícola modernizadora. La fórmula de
llevar a cabo la desamortización fue poco positiva, ya que se agruparon las tierras en lotes muy grandes a los que no tenían acceso los
medianos campesino, sino que fueron mayoritariamente compradas por grandes terratenientes con lo cual, en muchos casos, aumentó la
concentración de la propiedad de las tierras. No son iguales las consecuencias de la desamortización en todas las provincias, en algunas
como Murcia o Ciudad Real, se llevaron a subasta más de un tercio de la tierra, mientras en zonas como Cataluña y por supuesto el norte,
fueron zonas muy restringidas. .
- Desamortización general de Madoz (1855): se inició durante el Bienio Progresista (1854-56) y se incluían todo tipo de tierras
amortizadas, tanto las de la Iglesia aún no vendidas como las propiedades municipales (los bienes de propios y comunales). La situación
política y fiscal no era tan grave como en la anterior desamortización, ya que la segunda guerra Carlista no supuso tanto gasto como la
primera y el régimen liberal estaba ya consolidado. Además de reducir la deuda pública, se pretendía destinar parte de los ingresos que se
obtuvieran a financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para modernizar la economía en especial la red ferroviaria.
II. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial: Los sectores clave de la Revolución industrial británica,
el textil algodonero (bienes de consumo) y el siderúrgico (bienes de producción necesarios para cualquier industria), también se desarrollaron en
España aunque solo en algunas regiones.
a) La industria textil catalana: La industria algodonera se convierte en el eje vertebrador de la industrialización catalana que
experimentó un profundo cambio tecnológico por su rápida mecanización y el cambio de los pequeños telares por las fábricas. El sector del
algodón se desarrolló en esta región gracias a la protección arancelaria. La producción se mecanizó gradualmente, sin embargo, sus posibilidades
de crecimiento fueron limitadas por su incapacidad de atraer al sector bancario (ya que predominaba la autofinanciación familiar), y a la industria
de bienes de equipo para las fábricas textiles. Entra en crisis a finales del siglo XIX, agravada por la pérdida de las últimas colonias españolas.
b) La industria siderúrgica del norte: Había precedentes en Asturias y Málaga pero la dificultad de extraer el carbón y la poca
demanda por el ferrocarril en España no hace que despeguen esos núcleos. La extracción del carbón vasco, y la unión de capitales de la
burguesía vasca contribuyeron a su crecimiento. Las antiguas “ferrerías” dejan paso a los nuevos hornos (La familia Ybarra crea Altos Hornos y
Fábricas en 1882). La consolidación de la siderurgia se completa con la industria mecánica y naval. Aunque tanto en Cataluña como en el País
Vasco aparece una burguesía financiera e industrial muy importante, el fracaso de la industrialización española tiene que ver, según J. Nadal,
con la imposibilidad de crear un mercado nacional, muy atrasado y de autoconsumo, y la ausencia de una fuerte burguesía industrial
emprendedora.
c) Recursos mineros y fuentes de energía: Los recursos mineros españoles (hierro en Málaga. Vizcaya y Santander, cobre y pirita
en Huelva, plomo en Cartagena, zinc en Asturias…) apenas se exportaban antes de la Ley de Minas de 1868, debido a la ausencia de demanda
interna de productos mineros y a la falta de capital y mano de obra. La citada ley facilitó la llegada de capital extranjero para el aprovechamiento
de las minas y la exportación de sus productos. La minería, sobre todo de hierro, constituía un tercio de las exportaciones españolas en 1900.
Parte de los beneficios se reinvirtieron en la península, en especial en el País Vasco ya que por el puerto de Bilbao salía el 90% del mineral.
Alrededor de las minas surgieron numerosas industrias y se construyeron redes de ferrocarriles. El carbón, la fuente de energía fundamental en
la primera revolución industrial, se concentraba en Asturias y León, pero era escaso, caro y de baja calidad. Su extracción estaba muy protegida
por los aranceles, lo que encarecía los costes de la industria nacional.
d) Comunicaciones y modernización de las infraestructuras: el transporte interior se veían seriamente obstaculizado por los
condicionamientos geográficos. No obstante, desde 1840 comienza un plan de carreteras interiores. La existencia de una red de transportes
y de comunicaciones era vital para la integración de las actividades económicas nacionales. El retraso en las comunicaciones era notable
y la red interior era deficiente. El ferrocarril era imprescindible para la creación de una red que articulara el mercado interior. Aunque con
enormes deficiencias, la red fue impulsada desde la administración del Estado a través de la Real Orden sobre Creación de Ferrocarriles
de 1844 que permitió la construcción de las primeras líneas (Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez y Langreo-Gijón en 1852). Más
tarde se promulgó la Ley General de Ferrocarriles de 1855 que concedió enormes privilegios para la construcción de trenes: creación de
bancos, fomento de inversiones, pago de subvenciones, desgravación fiscal de las importaciones de materiales…Pese a todo, la
construcción de la red ferroviaria se inició tarde y se llevó a cabo demasiado deprisa (entre 1856 y 66 se completaron 4500 km de vía) y su
planificación fue irracional. Las Compañías Madrid-Zaragoza-Alicante, Ferrocarril del Norte, y Sevilla- Jerez- Cádiz, eran mayoritariamente
de capital francés; y de capital español las de Barcelona-Tarragona- Francia, Barcelona-Zaragoza-Pamplona y Tarragona-Valencia-
Almansa.
En definitiva, el ferrocarril era importante pero se renunció a muchos objetivos en aras de su rápida construcción: a) Las principales
construcciones se otorgaron a compañías extrajeras, que importaron el material ferroviario, por lo que la construcción de la red española
I. La liberación del mercado de la tierra y las desamortizaciones. En el Antiguo Régimen, gran parte de la tierra estaba en “manos
muertas” por lo que no era amortizable (no se podían enajenar, es decir, vender, hipotecar o ceder) bien por ser de la Iglesia, de los
municipios o mayorazgos (nobleza). Con el objetivo de liberalizar el mercado de la tierra, se decide: a) supresión de los mayorazgos en
1836, pudiéndose vender como propiedad libre y plena. b) abolición del régimen señorial en 1837 anulando los derechos señoriales
jurisdiccionales y se transforma la tierra de señorío en propiedad libre. Los tribunales decidieron mayoritariamente a favor de los derechos
señoriales sobre la propiedad frente a los campesinos, lo que no perjudicó a la nobleza incluso aumentó su patrimonio. c) las
desamortizaciones que consistían en la expropiación por parte del Estado, de las tierras eclesiásticas y municipales para su posterior venta
a particulares en pública subasta. En compensación por estas expropiaciones, el Estado se hacía cargo del gasto del culto y clero. Aunque
había habido precedentes con Godoy y José I, la mayor parte de las desamortizaciones e llevaron a cabo a partir de 1836 mediante las de
Mendizábal y Madoz.
- Desamortización de Mendizábal (1836): Previamente se habían disuelto en 1835 las Órdenes Religiosas que no se ocuparan
de la enseñanza o del cuidado de enfermos, quedando sus propiedades como Bienes Nacionales. La Desamortización de Mendizábal
puesta en práctica por el gobierno progresista, se llevó a cabo vendiendo mediante subasta estos bienes para obtener los beneficios
necesarios para sanear la Hacienda, financiar la Primera Guerra Carlista y convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa
liberal. Se ha criticado que primara la finalidad fiscal sobre la reforma social, y se desaprovechó la oportunidad de repartir las tierras entre
los campesinos que las habían venido trabajando, cuestión que habría posibilitado una revolución agrícola modernizadora. La fórmula de
llevar a cabo la desamortización fue poco positiva, ya que se agruparon las tierras en lotes muy grandes a los que no tenían acceso los
medianos campesino, sino que fueron mayoritariamente compradas por grandes terratenientes con lo cual, en muchos casos, aumentó la
concentración de la propiedad de las tierras. No son iguales las consecuencias de la desamortización en todas las provincias, en algunas
como Murcia o Ciudad Real, se llevaron a subasta más de un tercio de la tierra, mientras en zonas como Cataluña y por supuesto el norte,
fueron zonas muy restringidas. .
- Desamortización general de Madoz (1855): se inició durante el Bienio Progresista (1854-56) y se incluían todo tipo de tierras
amortizadas, tanto las de la Iglesia aún no vendidas como las propiedades municipales (los bienes de propios y comunales). La situación
política y fiscal no era tan grave como en la anterior desamortización, ya que la segunda guerra Carlista no supuso tanto gasto como la
primera y el régimen liberal estaba ya consolidado. Además de reducir la deuda pública, se pretendía destinar parte de los ingresos que se
obtuvieran a financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para modernizar la economía en especial la red ferroviaria.
II. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial: Los sectores clave de la Revolución industrial británica,
el textil algodonero (bienes de consumo) y el siderúrgico (bienes de producción necesarios para cualquier industria), también se desarrollaron en
España aunque solo en algunas regiones.
a) La industria textil catalana: La industria algodonera se convierte en el eje vertebrador de la industrialización catalana que
experimentó un profundo cambio tecnológico por su rápida mecanización y el cambio de los pequeños telares por las fábricas. El sector del
algodón se desarrolló en esta región gracias a la protección arancelaria. La producción se mecanizó gradualmente, sin embargo, sus posibilidades
de crecimiento fueron limitadas por su incapacidad de atraer al sector bancario (ya que predominaba la autofinanciación familiar), y a la industria
de bienes de equipo para las fábricas textiles. Entra en crisis a finales del siglo XIX, agravada por la pérdida de las últimas colonias españolas.
b) La industria siderúrgica del norte: Había precedentes en Asturias y Málaga pero la dificultad de extraer el carbón y la poca
demanda por el ferrocarril en España no hace que despeguen esos núcleos. La extracción del carbón vasco, y la unión de capitales de la
burguesía vasca contribuyeron a su crecimiento. Las antiguas “ferrerías” dejan paso a los nuevos hornos (La familia Ybarra crea Altos Hornos y
Fábricas en 1882). La consolidación de la siderurgia se completa con la industria mecánica y naval. Aunque tanto en Cataluña como en el País
Vasco aparece una burguesía financiera e industrial muy importante, el fracaso de la industrialización española tiene que ver, según J. Nadal,
con la imposibilidad de crear un mercado nacional, muy atrasado y de autoconsumo, y la ausencia de una fuerte burguesía industrial
emprendedora.
c) Recursos mineros y fuentes de energía: Los recursos mineros españoles (hierro en Málaga. Vizcaya y Santander, cobre y pirita
en Huelva, plomo en Cartagena, zinc en Asturias…) apenas se exportaban antes de la Ley de Minas de 1868, debido a la ausencia de demanda
interna de productos mineros y a la falta de capital y mano de obra. La citada ley facilitó la llegada de capital extranjero para el aprovechamiento
de las minas y la exportación de sus productos. La minería, sobre todo de hierro, constituía un tercio de las exportaciones españolas en 1900.
Parte de los beneficios se reinvirtieron en la península, en especial en el País Vasco ya que por el puerto de Bilbao salía el 90% del mineral.
Alrededor de las minas surgieron numerosas industrias y se construyeron redes de ferrocarriles. El carbón, la fuente de energía fundamental en
la primera revolución industrial, se concentraba en Asturias y León, pero era escaso, caro y de baja calidad. Su extracción estaba muy protegida
por los aranceles, lo que encarecía los costes de la industria nacional.
d) Comunicaciones y modernización de las infraestructuras: el transporte interior se veían seriamente obstaculizado por los
condicionamientos geográficos. No obstante, desde 1840 comienza un plan de carreteras interiores. La existencia de una red de transportes
y de comunicaciones era vital para la integración de las actividades económicas nacionales. El retraso en las comunicaciones era notable
y la red interior era deficiente. El ferrocarril era imprescindible para la creación de una red que articulara el mercado interior. Aunque con
enormes deficiencias, la red fue impulsada desde la administración del Estado a través de la Real Orden sobre Creación de Ferrocarriles
de 1844 que permitió la construcción de las primeras líneas (Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez y Langreo-Gijón en 1852). Más
tarde se promulgó la Ley General de Ferrocarriles de 1855 que concedió enormes privilegios para la construcción de trenes: creación de
bancos, fomento de inversiones, pago de subvenciones, desgravación fiscal de las importaciones de materiales…Pese a todo, la
construcción de la red ferroviaria se inició tarde y se llevó a cabo demasiado deprisa (entre 1856 y 66 se completaron 4500 km de vía) y su
planificación fue irracional. Las Compañías Madrid-Zaragoza-Alicante, Ferrocarril del Norte, y Sevilla- Jerez- Cádiz, eran mayoritariamente
de capital francés; y de capital español las de Barcelona-Tarragona- Francia, Barcelona-Zaragoza-Pamplona y Tarragona-Valencia-
Almansa.
En definitiva, el ferrocarril era importante pero se renunció a muchos objetivos en aras de su rápida construcción: a) Las principales
construcciones se otorgaron a compañías extrajeras, que importaron el material ferroviario, por lo que la construcción de la red española
