TEMA 9. 28. La dictadura de Primo de Rivera.
Con la descomposición de la Restauración se presentaban dos alternativas: o la democratización
real del sistema o la opción por un gobierno autoritario al estilo de los que comenzaban a proliferar
en Europa, que resolviese los problemas del país. El gobierno de García Prieto en 1923 fue un
exponente de la primera. Intentó reducir el poder de la Iglesia y del monarca y crear un nuevo marco
de relaciones laborales, pero fracasó por la oposición de los sectores afectados a los que se añadía
el ejército, donde crecía el malestar por parecer responsable del desastre de Annual.
El 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera se pronunciaba en Barcelona, declaraba el estado
de guerra y suspendía la Constitución. El golpe de estado contó con el beneplácito del rey y de una
parte de la sociedad que quería poner fin a la inestabilidad política y social española. El desprestigio
del sistema parlamentario y el temor a una revolución social, junto con el auge del republicanismo y
de los nacionalismos periféricos, ayudó a que los sectores más conservadores aceptasen el nuevo
régimen. El descontento del ejército tras la derrota de Annual y el deseo de evitar que el Parlamento
exigiera responsabilidades por el desastre, facilitó el apoyo de los militares. Además, las soluciones
autoritarias se extendían en ese momento por Europa y esta vía inconstitucional frenaba una posible
democratización del régimen de la Restauración, rechazada por los sectores sociales privilegiados
por el sistema. Los sectores populares la recibieron con actitudes entre favorables o indiferentes.
Solo la CNT se posicionó radicalmente en contra. Ante la negativa del rey a destituir a los
sublevados, el gobierno dimite y Primo de Rivera se hace con las riendas del poder.
El manifiesto inaugural de Primo de Rivera, de tono regeneracionista, recogía estas inquietudes y
anunciaba su voluntad de poner fin al caciquismo y al desorden social. También se presentaba como
una solución temporal para resolver los problemas del país.
EL DIRECTORIO MILITAR
Entre 1923 y 1925 gobernó un Directorio Militar compuesto exclusivamente por militares, aunque
la capacidad de decisión estaba reservada en su totalidad a Primo de Rivera. Este nuevo gobierno
suspendió el régimen constitucional, disolvió las Cortes y prohibió las actividades de partidos
políticos y sindicatos. Se militarizó el orden público y se persiguió con dureza a la CNT y a los
comunistas. Esto puso fin a los atentados y huelgas del periodo anterior.
En cuanto al nacionalismo catalán, se liquidó la Mancomunidad Catalana, se eliminó el catalán
como lengua oficial y se eliminaron otros símbolos nacionalistas (hasta el extremo de prohibir el baile
de la Sardana). Para acabar con el caciquismo se redactó un Estatuto Municipal y otro Provincial. Se
disolvieron los ayuntamientos que pasaron a ser designados por los gobernadores civiles. Estas
medidas fueron ineficaces y solo sirvieron para sustituir unos caciques por otros, a la vez que se
suspendían los mecanismos electorales.
Respecto de la legislación social, se realizó una reglamentación del trabajo de la mujer y comenzó
la construcción de viviendas sociales (casas baratas) y el incremento de la inversión en obras
públicas para reducir el desempleo. En lo económico priorizó una política intervencionista, que se vio
favorecida por la buena coyuntura económica europea tras salir de la posguerra (felices años 20).
Desde el Estado se fomentó la industria y se nacionalizaron algunos sectores económicos. Se
iniciaron grandes obras públicas (ferrocarriles, carreteras) y se diseñaron planes hidroeléctricos.
Con la descomposición de la Restauración se presentaban dos alternativas: o la democratización
real del sistema o la opción por un gobierno autoritario al estilo de los que comenzaban a proliferar
en Europa, que resolviese los problemas del país. El gobierno de García Prieto en 1923 fue un
exponente de la primera. Intentó reducir el poder de la Iglesia y del monarca y crear un nuevo marco
de relaciones laborales, pero fracasó por la oposición de los sectores afectados a los que se añadía
el ejército, donde crecía el malestar por parecer responsable del desastre de Annual.
El 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera se pronunciaba en Barcelona, declaraba el estado
de guerra y suspendía la Constitución. El golpe de estado contó con el beneplácito del rey y de una
parte de la sociedad que quería poner fin a la inestabilidad política y social española. El desprestigio
del sistema parlamentario y el temor a una revolución social, junto con el auge del republicanismo y
de los nacionalismos periféricos, ayudó a que los sectores más conservadores aceptasen el nuevo
régimen. El descontento del ejército tras la derrota de Annual y el deseo de evitar que el Parlamento
exigiera responsabilidades por el desastre, facilitó el apoyo de los militares. Además, las soluciones
autoritarias se extendían en ese momento por Europa y esta vía inconstitucional frenaba una posible
democratización del régimen de la Restauración, rechazada por los sectores sociales privilegiados
por el sistema. Los sectores populares la recibieron con actitudes entre favorables o indiferentes.
Solo la CNT se posicionó radicalmente en contra. Ante la negativa del rey a destituir a los
sublevados, el gobierno dimite y Primo de Rivera se hace con las riendas del poder.
El manifiesto inaugural de Primo de Rivera, de tono regeneracionista, recogía estas inquietudes y
anunciaba su voluntad de poner fin al caciquismo y al desorden social. También se presentaba como
una solución temporal para resolver los problemas del país.
EL DIRECTORIO MILITAR
Entre 1923 y 1925 gobernó un Directorio Militar compuesto exclusivamente por militares, aunque
la capacidad de decisión estaba reservada en su totalidad a Primo de Rivera. Este nuevo gobierno
suspendió el régimen constitucional, disolvió las Cortes y prohibió las actividades de partidos
políticos y sindicatos. Se militarizó el orden público y se persiguió con dureza a la CNT y a los
comunistas. Esto puso fin a los atentados y huelgas del periodo anterior.
En cuanto al nacionalismo catalán, se liquidó la Mancomunidad Catalana, se eliminó el catalán
como lengua oficial y se eliminaron otros símbolos nacionalistas (hasta el extremo de prohibir el baile
de la Sardana). Para acabar con el caciquismo se redactó un Estatuto Municipal y otro Provincial. Se
disolvieron los ayuntamientos que pasaron a ser designados por los gobernadores civiles. Estas
medidas fueron ineficaces y solo sirvieron para sustituir unos caciques por otros, a la vez que se
suspendían los mecanismos electorales.
Respecto de la legislación social, se realizó una reglamentación del trabajo de la mujer y comenzó
la construcción de viviendas sociales (casas baratas) y el incremento de la inversión en obras
públicas para reducir el desempleo. En lo económico priorizó una política intervencionista, que se vio
favorecida por la buena coyuntura económica europea tras salir de la posguerra (felices años 20).
Desde el Estado se fomentó la industria y se nacionalizaron algunos sectores económicos. Se
iniciaron grandes obras públicas (ferrocarriles, carreteras) y se diseñaron planes hidroeléctricos.
