APUNTES SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL
TEMA 1: LA CREACIÓN DEL SISTEMA PARLAMENTARIO EN ESPAÑA.
PRINCIPALES ESTAPAS DEL ASENTAMIENTO DEMOCRÁTICO. CONTINUIDAD Y
RUPTURAS [NO ENTRA]
El concepto de sistema político y su aplicación al caso español. Elementos e
interacciones fundamentales. Dimensiones de la crisis del sistema político español. F.
Vallespín (2015)
Hasta hace poco, España era considerada un ejemplo de cómo un país periférico
podía conseguir altas de tasas de crecimiento durante un largo periodo de tiempo y
alcanzar, e incluso superar, los niveles de renta medios de la Unión Europea. Sin
embargo, con el estallido de la crisis económica internacional, “el milagro español”
evidenció rápidamente la fragilidad de su economía.
1. Una crisis estructural
La crisis económica actual no es solo el resultado de un fatal accidente provocado por
una mezcla de contagio internacional e incompetencia de los responsables nacionales.
En realidad, se trata de una crisis estructural explicada por la existencia de varios
problemas:
1. Modelo de crecimiento. España vivió entre 1995 y 2007 una de las fases de
crecimiento más intensas de su historia, con el PIB aumentando a una tasa anual
media del 4%. Sin embargo, este fuerte crecimiento no se apoyó en mejoras
significativas de la productividad, cuyo crecimiento fue próximo a cero. La razón es
que el crecimiento se centró en sectores de baja productividad y valor añadido y en
trabajos en los que se necesitaba mano de obra poco cualificada, como la
construcción, donde se multiplicó la creación de empleo temporal con salarios bajos.
Un crecimiento acelerado pero frágil, como evidencia la multiplicación por tres de la
tasa de paro en los primeros cinco años de la crisis actual. La explosión de la actividad
inmobiliaria es el rasgo más distintivo del crecimiento en esta etapa. Entre 2002 y
2007 se construyeron todos los años más viviendas que en Francia y Alemania juntos,
países con el triple de población y el doble de territorio que España. El resultado de
este desenfreno convirtió a España en el país con más viviendas por habitante de la
Unión Europea y absorbió una gran parte de los recursos financieros (y deuda) del
país, todo ello a través de la creación de una burbuja inmobiliaria con fuerte
componente especulativo.
2. Integración en la UEM y sector exterior. La Unión Económica y Monetaria se
diseñó de tal forma que, por un lado, no incluyó mecanismos de corrección de los
desequilibrios exteriores entre países y, por otro, facilitó la financiación de los países
deficitarios por parte de las economías con superávit en la misma moneda y, por tanto,
sin riesgo de cambio. La pertenencia de España a la UEM posibilitó un crecimiento del
déficit comercial hasta el 8,6% del PIB en 2007 y, paralelamente, una entrada de
capital exterior de forma prácticamente ilimitada, que aumentó notablemente la deuda
externa hasta 1,5 billones de €. Sin embargo, ni al déficit exterior ni al endeudamiento
en el sector privado se le prestó atención ni desde el gobierno ni desde la UE, pues la
preocupación era el control del déficit público.
3. Empleo y salarios. El fuerte crecimiento de este periodo estuvo asociado a un
intenso aumento del empleo del 52% entre 1995 y 2007, posible gracias a un
crecimiento de la población activa alimentado en parte por la llegada masiva de
inmigrantes. Sin embargo, buena parte del empleo creado era precario, con tasas de
temporalidad por encima del 30% (la más alta de la Unión Europea) y salarios bajos.
El salario mensual medio en 2006 era €1.691, un 73% el salario medio en la eurozona.
1
,4. Distribución del crecimiento. La consecuencia lógica de esta moderación salarial
fue una distribución de la renta más regresiva, en la que los salarios fueron perdiendo
peso. Si tenemos presente que al mismo tiempo aumentó significativamente la
población asalariada, el resultado fue que una parte mayor de población se estaba
repartiendo un menor porcentaje del PIB. Este reparto desigual del crecimiento tuvo su
máxima expresión en la persistencia de altas tasas de pobreza, en torno al 20% de la
población, muy por encima de la media europea. La expansión económica y el
aumento del empleo no garantizaron una reducción de la desigualdad. De hecho, en
España confluyeron altas tasas de crecimiento (oferta) con salarios estancados
(demanda), desajuste manifestado por una insuficiente capacidad de compra de los
consumidores resuelta a través del crédito.
5. Crédito y endeudamiento. El crecimiento económico, el déficit exterior y el boom
inmobiliario fueron posibles gracias al aumento desmesurado del crédito
proporcionado por el sistema financiero. La consecuencia de ello fue la creación de
una gran bolsa de deuda privada de 2,2 billones de €, equivalente al 214% del PIB.
Sin embargo, la deuda pública no solo no aumentó, sino que se redujo hasta el 36%
del PIB en 2007. La difícil digestión de la burbuja de crédito ha puesto en evidencia a
un sistema financiero que acumuló una exposición al riesgo inmobiliario mayor que los
países de nuestro entorno.
2. La respuesta de la política económica
A pesar de que en 2007 ya se observan síntomas de agotamiento, es en 2008 cuando
el crecimiento se congela en un 0,9%, anticipo del inicio de la recesión. La burbuja
inmobiliaria explota y la tasa de paro sube de forma brusca del 8,8% en 2007 al 14,9%
y el 19,2%, en 2008 y 2009. La crisis empezaba a afectar gravemente a la población,
lo que requería una respuesta de la política económica que evitase la recesión y
redujese su impacto social. Los objetivos e intervenciones de la política económica
española durante la crisis han cambiado y hemos pasado de los estímulos fiscales, en
los primeros momentos de la crisis, a las políticas de austeridad, todo ello en un
contexto de fuerte oposición de sindicatos y colectivos sociales, incluidas tres huelgas
generales entre 2010 y 2012. A continuación, repasaré brevemente la política de
ajuste presupuestario, las reformas laborales y la reforma del Estado de Bienestar.
2.1. Política presupuestaria
España inicia la crisis sin desequilibrios en las cuentas públicas. Al contrario, en 2007
el saldo presupuestario arroja un superávit del 2% del PIB y la deuda pública está en
el 36,3%, muy por debajo de lo exigido por el Pacto de Estabilidad. Sin embargo, la
recesión cambia radicalmente la situación y revela la fragilidad de unas cuentas
públicas con una reducida capacidad recaudatoria, debido al desarme impositivo
producido en el periodo expansivo y el alto grado de fraude fiscal.
Después de un breve periodo inicial de expansión fiscal, a partir de mayo de 2010 el
gobierno español apuesta decididamente por la política de austeridad. El control del
déficit y la deuda pública se convierten en los objetivos estratégicos de la política
económica, en detrimento del crecimiento y el empleo. De acuerdo con las
indicaciones llegadas desde Bruselas, se establece un objetivo de reducción del déficit
desde el 11,4% de 2009 hasta el 3% en 2013.
El gobierno socialista inicia la consolidación fiscal a través de subidas de impuestos,
como el IRPF y el IVA hasta el 18%, recortes en diversos ministerios, reducción de los
sueldos de los empleados públicos y congelación de las pensiones. La llegada al
poder del Partido Popular en noviembre de 2011 supone la intensificación de la política
de austeridad. El conjunto de medidas de ajuste impulsadas incluye tanto subidas de
2
,impuestos (IVA al 21%, IRPF, Sociedades, IBI e impuestos especiales) como recorte
de gastos en todos los ministerios, congelación de los sueldos públicos, eliminación de
una paga extra de los funcionarios en 2012 y congelación del empleo público. Entre
las medidas más polémicas y que impactan directamente con la extensión del Estado
de Bienestar destacan los recortes aprobados en sanidad y educación y en
prestaciones por desempleo.
El ritmo de ajuste ha sido tan intenso que ha terminado por agudizar aún más la
recesión y ha provocado el enquistamiento del déficit, que alcanza el 9,6% en 2010 y
2011 y el 10,6% en 2012, y dispara la deuda pública hasta el 86% en 2012. Otra de las
razones de la persistencia del elevado déficit es el coste de las ayudas directas a la
banca, que ascienden a €63.000 millones.
2.2. Reforma laboral
El mercado de trabajo español está sufriendo la crisis en forma de aumento explosivo
del desempleo. Desde el inicio de la crisis se han aprobado dos reformas laborales,
una en 2010 (Real Decreto-Ley 10/2010) y otra en 2012 (Real Decreto-Ley 3/2012).
Las razones manifestadas para reformar el mercado de trabajo son que el nivel de
paro es insoportable y que la causa de ello es un mercado laboral rígido con derechos
laborales desproporcionados, poca flexibilidad interna, dificultades para el despido y
costes laborales elevados.
La reforma de 2010 incluye como aspectos más relevantes medidas para facilitar el
despido individual, ampliando las causas para el despido procedente (posible ahora
aunque la empresa no tenga pérdidas) y reduciendo la indemnización por despido
improcedente de 45 días por año trabajado a 33 (con un máximo de 24 meses) en los
nuevos contratos. También aumenta la flexibilidad interna para que las empresas
puedan modificar unilateralmente las condiciones laborales (jornada laboral, salarios,
etc.) si se deteriora la situación económica, sin necesidad de respetar el convenio
colectivo.
Por su parte, la reforma de 2012 amplía los supuestos de despido objetivo (caída de
ventas, cambio de las condiciones de trabajo, enfermedad, pérdidas futuras) y
extiende la reducción de la indemnización por despido improcedente a todos los
empleados. Además, se crea un nuevo contrato para pymes con un año de prueba y
despido gratis y se generalizan los contratos de formación y prácticas con salarios de
€425 hasta los 30 años.
Ninguna de las reformas se dirige a la creación de empleo. En realidad, tras estas
reformas ha aumentado el paro, han descendido los ingresos salariales y ha
aumentado la inseguridad laboral, todo ello con efectos negativos sobre el consumo y
las posibilidades de recuperación.
2.3. El Estado de Bienestar
Los recortes en el Estado de Bienestar han adoptado diversas formas como la
eliminación de prestaciones o servicios, el pago por servicios recibidos, el retraso en la
asignación de servicios o prestaciones y el endurecimiento de los requisitos para
acceder a los beneficios sociales. En el sistema de pensiones, el recorte se produce,
en primer lugar, por la pérdida de poder adquisitivo de la paga sufrido a partir de 2011.
Por otra parte, el sistema de pensiones ha sido reformado dos veces con idéntico
3
, objetivo: contener el gasto global mediante la reducción de la cuantía de las pensiones
y dificultando el acceso al sistema. La reforma de 2011 aumenta, de forma progresiva
hasta 2027, la edad de jubilación de 65 a 67 años, amplía de 35 a 37 los años para
tener derecho a la pensión completa e introduce un Factor de Sostenibilidad que
reducirá las pensiones cada cinco años a partir de 2027 en función del aumento de la
esperanza de vida. La reforma que el gobierno conservador aprueba en diciembre de
2013 continúa la filosofía de la anterior e introduce un Índice de Revalorización anual
por el cual las pensiones subirán entre un 0,25% (si los ingresos del sistema son
menores que los gastos) y un máximo del IPC+0,25% (si el sistema tiene superávit).
Las previsiones del gobierno son que la cuantía de las pensiones se reduzca entre un
20% y un 25%.
En materia de sanidad, los recortes incluyen la introducción del copago de fármacos,
transporte sanitario, prótesis, la exclusión de 426 medicamentos de uso común de las
prestaciones cubiertas por el sistema público y la exclusión de los inmigrantes no
regularizados del sistema (Real Decreto-ley 16/2012). En educación, los cambios se
traducen en un aumento del número de alumnos por aula, el recorte de plantillas de
profesores junto con un aumento de sus horas lectivas, la reducción de becas para
transporte y comedor escolar y el incremento del precio de las matrículas en la
formación profesional y en la enseñanza universitaria (Real Decreto-Ley 14/2012). De
acuerdos con los cálculos del gobierno, el objetivo de todas estas medidas es reducir
el peso del gasto público sanitario en un 15,6% entre 2011 y 2016 y el del gasto
educativo en un 15,7% en el mismo periodo.
También las prestaciones por desempleo han sido recortadas mediante diversas
medidas como la reducción del 60% al 50% de la base reguladora de la prestación a
partir del sexto mes y la eliminación del subsidio para mayores de 45 años que hayan
agotado las prestaciones.
Como consecuencia de estas medidas, el gasto social total se ha reducido casi 7.000
millones de € entre 2010 y 2013. Si solo consideramos las prestaciones en especie
(como sanidad y educación) se observa una reducción del gasto de 17.500 millones
entre 2010 y 2013, equivalente al 10,7% del PIB.
3. Resultados
La responsabilidad de la situación económica y social no recae únicamente sobre la
política económica de los gobiernos nacionales. También los gobiernos locales y las
políticas desplegadas desde la Unión Europea tienen parte de responsabilidad,
especialmente en un contexto de globalización como el actual que reduce
significativamente la eficacia de las políticas nacionales. Sin embargo, el gobierno
tiene la oportunidad de atenuar los efectos de la crisis o agudizar sus consecuencias
con políticas equivocadas.
3.1. Impacto económico
En este apartado analizaré dos objetivos clásicos de la política económica. El déficit
público (perseguido por el gobierno español) y el crecimiento económico (no
perseguido).
España no tenía problemas con las finanzas públicas cuando estalló la crisis. Aun así,
el discurso sobre el manejo irresponsable del gasto público ha destacado entre las
causas de la crisis. El superávit público que tenía España en 2007 se transforma
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TEMA 1: LA CREACIÓN DEL SISTEMA PARLAMENTARIO EN ESPAÑA.
PRINCIPALES ESTAPAS DEL ASENTAMIENTO DEMOCRÁTICO. CONTINUIDAD Y
RUPTURAS [NO ENTRA]
El concepto de sistema político y su aplicación al caso español. Elementos e
interacciones fundamentales. Dimensiones de la crisis del sistema político español. F.
Vallespín (2015)
Hasta hace poco, España era considerada un ejemplo de cómo un país periférico
podía conseguir altas de tasas de crecimiento durante un largo periodo de tiempo y
alcanzar, e incluso superar, los niveles de renta medios de la Unión Europea. Sin
embargo, con el estallido de la crisis económica internacional, “el milagro español”
evidenció rápidamente la fragilidad de su economía.
1. Una crisis estructural
La crisis económica actual no es solo el resultado de un fatal accidente provocado por
una mezcla de contagio internacional e incompetencia de los responsables nacionales.
En realidad, se trata de una crisis estructural explicada por la existencia de varios
problemas:
1. Modelo de crecimiento. España vivió entre 1995 y 2007 una de las fases de
crecimiento más intensas de su historia, con el PIB aumentando a una tasa anual
media del 4%. Sin embargo, este fuerte crecimiento no se apoyó en mejoras
significativas de la productividad, cuyo crecimiento fue próximo a cero. La razón es
que el crecimiento se centró en sectores de baja productividad y valor añadido y en
trabajos en los que se necesitaba mano de obra poco cualificada, como la
construcción, donde se multiplicó la creación de empleo temporal con salarios bajos.
Un crecimiento acelerado pero frágil, como evidencia la multiplicación por tres de la
tasa de paro en los primeros cinco años de la crisis actual. La explosión de la actividad
inmobiliaria es el rasgo más distintivo del crecimiento en esta etapa. Entre 2002 y
2007 se construyeron todos los años más viviendas que en Francia y Alemania juntos,
países con el triple de población y el doble de territorio que España. El resultado de
este desenfreno convirtió a España en el país con más viviendas por habitante de la
Unión Europea y absorbió una gran parte de los recursos financieros (y deuda) del
país, todo ello a través de la creación de una burbuja inmobiliaria con fuerte
componente especulativo.
2. Integración en la UEM y sector exterior. La Unión Económica y Monetaria se
diseñó de tal forma que, por un lado, no incluyó mecanismos de corrección de los
desequilibrios exteriores entre países y, por otro, facilitó la financiación de los países
deficitarios por parte de las economías con superávit en la misma moneda y, por tanto,
sin riesgo de cambio. La pertenencia de España a la UEM posibilitó un crecimiento del
déficit comercial hasta el 8,6% del PIB en 2007 y, paralelamente, una entrada de
capital exterior de forma prácticamente ilimitada, que aumentó notablemente la deuda
externa hasta 1,5 billones de €. Sin embargo, ni al déficit exterior ni al endeudamiento
en el sector privado se le prestó atención ni desde el gobierno ni desde la UE, pues la
preocupación era el control del déficit público.
3. Empleo y salarios. El fuerte crecimiento de este periodo estuvo asociado a un
intenso aumento del empleo del 52% entre 1995 y 2007, posible gracias a un
crecimiento de la población activa alimentado en parte por la llegada masiva de
inmigrantes. Sin embargo, buena parte del empleo creado era precario, con tasas de
temporalidad por encima del 30% (la más alta de la Unión Europea) y salarios bajos.
El salario mensual medio en 2006 era €1.691, un 73% el salario medio en la eurozona.
1
,4. Distribución del crecimiento. La consecuencia lógica de esta moderación salarial
fue una distribución de la renta más regresiva, en la que los salarios fueron perdiendo
peso. Si tenemos presente que al mismo tiempo aumentó significativamente la
población asalariada, el resultado fue que una parte mayor de población se estaba
repartiendo un menor porcentaje del PIB. Este reparto desigual del crecimiento tuvo su
máxima expresión en la persistencia de altas tasas de pobreza, en torno al 20% de la
población, muy por encima de la media europea. La expansión económica y el
aumento del empleo no garantizaron una reducción de la desigualdad. De hecho, en
España confluyeron altas tasas de crecimiento (oferta) con salarios estancados
(demanda), desajuste manifestado por una insuficiente capacidad de compra de los
consumidores resuelta a través del crédito.
5. Crédito y endeudamiento. El crecimiento económico, el déficit exterior y el boom
inmobiliario fueron posibles gracias al aumento desmesurado del crédito
proporcionado por el sistema financiero. La consecuencia de ello fue la creación de
una gran bolsa de deuda privada de 2,2 billones de €, equivalente al 214% del PIB.
Sin embargo, la deuda pública no solo no aumentó, sino que se redujo hasta el 36%
del PIB en 2007. La difícil digestión de la burbuja de crédito ha puesto en evidencia a
un sistema financiero que acumuló una exposición al riesgo inmobiliario mayor que los
países de nuestro entorno.
2. La respuesta de la política económica
A pesar de que en 2007 ya se observan síntomas de agotamiento, es en 2008 cuando
el crecimiento se congela en un 0,9%, anticipo del inicio de la recesión. La burbuja
inmobiliaria explota y la tasa de paro sube de forma brusca del 8,8% en 2007 al 14,9%
y el 19,2%, en 2008 y 2009. La crisis empezaba a afectar gravemente a la población,
lo que requería una respuesta de la política económica que evitase la recesión y
redujese su impacto social. Los objetivos e intervenciones de la política económica
española durante la crisis han cambiado y hemos pasado de los estímulos fiscales, en
los primeros momentos de la crisis, a las políticas de austeridad, todo ello en un
contexto de fuerte oposición de sindicatos y colectivos sociales, incluidas tres huelgas
generales entre 2010 y 2012. A continuación, repasaré brevemente la política de
ajuste presupuestario, las reformas laborales y la reforma del Estado de Bienestar.
2.1. Política presupuestaria
España inicia la crisis sin desequilibrios en las cuentas públicas. Al contrario, en 2007
el saldo presupuestario arroja un superávit del 2% del PIB y la deuda pública está en
el 36,3%, muy por debajo de lo exigido por el Pacto de Estabilidad. Sin embargo, la
recesión cambia radicalmente la situación y revela la fragilidad de unas cuentas
públicas con una reducida capacidad recaudatoria, debido al desarme impositivo
producido en el periodo expansivo y el alto grado de fraude fiscal.
Después de un breve periodo inicial de expansión fiscal, a partir de mayo de 2010 el
gobierno español apuesta decididamente por la política de austeridad. El control del
déficit y la deuda pública se convierten en los objetivos estratégicos de la política
económica, en detrimento del crecimiento y el empleo. De acuerdo con las
indicaciones llegadas desde Bruselas, se establece un objetivo de reducción del déficit
desde el 11,4% de 2009 hasta el 3% en 2013.
El gobierno socialista inicia la consolidación fiscal a través de subidas de impuestos,
como el IRPF y el IVA hasta el 18%, recortes en diversos ministerios, reducción de los
sueldos de los empleados públicos y congelación de las pensiones. La llegada al
poder del Partido Popular en noviembre de 2011 supone la intensificación de la política
de austeridad. El conjunto de medidas de ajuste impulsadas incluye tanto subidas de
2
,impuestos (IVA al 21%, IRPF, Sociedades, IBI e impuestos especiales) como recorte
de gastos en todos los ministerios, congelación de los sueldos públicos, eliminación de
una paga extra de los funcionarios en 2012 y congelación del empleo público. Entre
las medidas más polémicas y que impactan directamente con la extensión del Estado
de Bienestar destacan los recortes aprobados en sanidad y educación y en
prestaciones por desempleo.
El ritmo de ajuste ha sido tan intenso que ha terminado por agudizar aún más la
recesión y ha provocado el enquistamiento del déficit, que alcanza el 9,6% en 2010 y
2011 y el 10,6% en 2012, y dispara la deuda pública hasta el 86% en 2012. Otra de las
razones de la persistencia del elevado déficit es el coste de las ayudas directas a la
banca, que ascienden a €63.000 millones.
2.2. Reforma laboral
El mercado de trabajo español está sufriendo la crisis en forma de aumento explosivo
del desempleo. Desde el inicio de la crisis se han aprobado dos reformas laborales,
una en 2010 (Real Decreto-Ley 10/2010) y otra en 2012 (Real Decreto-Ley 3/2012).
Las razones manifestadas para reformar el mercado de trabajo son que el nivel de
paro es insoportable y que la causa de ello es un mercado laboral rígido con derechos
laborales desproporcionados, poca flexibilidad interna, dificultades para el despido y
costes laborales elevados.
La reforma de 2010 incluye como aspectos más relevantes medidas para facilitar el
despido individual, ampliando las causas para el despido procedente (posible ahora
aunque la empresa no tenga pérdidas) y reduciendo la indemnización por despido
improcedente de 45 días por año trabajado a 33 (con un máximo de 24 meses) en los
nuevos contratos. También aumenta la flexibilidad interna para que las empresas
puedan modificar unilateralmente las condiciones laborales (jornada laboral, salarios,
etc.) si se deteriora la situación económica, sin necesidad de respetar el convenio
colectivo.
Por su parte, la reforma de 2012 amplía los supuestos de despido objetivo (caída de
ventas, cambio de las condiciones de trabajo, enfermedad, pérdidas futuras) y
extiende la reducción de la indemnización por despido improcedente a todos los
empleados. Además, se crea un nuevo contrato para pymes con un año de prueba y
despido gratis y se generalizan los contratos de formación y prácticas con salarios de
€425 hasta los 30 años.
Ninguna de las reformas se dirige a la creación de empleo. En realidad, tras estas
reformas ha aumentado el paro, han descendido los ingresos salariales y ha
aumentado la inseguridad laboral, todo ello con efectos negativos sobre el consumo y
las posibilidades de recuperación.
2.3. El Estado de Bienestar
Los recortes en el Estado de Bienestar han adoptado diversas formas como la
eliminación de prestaciones o servicios, el pago por servicios recibidos, el retraso en la
asignación de servicios o prestaciones y el endurecimiento de los requisitos para
acceder a los beneficios sociales. En el sistema de pensiones, el recorte se produce,
en primer lugar, por la pérdida de poder adquisitivo de la paga sufrido a partir de 2011.
Por otra parte, el sistema de pensiones ha sido reformado dos veces con idéntico
3
, objetivo: contener el gasto global mediante la reducción de la cuantía de las pensiones
y dificultando el acceso al sistema. La reforma de 2011 aumenta, de forma progresiva
hasta 2027, la edad de jubilación de 65 a 67 años, amplía de 35 a 37 los años para
tener derecho a la pensión completa e introduce un Factor de Sostenibilidad que
reducirá las pensiones cada cinco años a partir de 2027 en función del aumento de la
esperanza de vida. La reforma que el gobierno conservador aprueba en diciembre de
2013 continúa la filosofía de la anterior e introduce un Índice de Revalorización anual
por el cual las pensiones subirán entre un 0,25% (si los ingresos del sistema son
menores que los gastos) y un máximo del IPC+0,25% (si el sistema tiene superávit).
Las previsiones del gobierno son que la cuantía de las pensiones se reduzca entre un
20% y un 25%.
En materia de sanidad, los recortes incluyen la introducción del copago de fármacos,
transporte sanitario, prótesis, la exclusión de 426 medicamentos de uso común de las
prestaciones cubiertas por el sistema público y la exclusión de los inmigrantes no
regularizados del sistema (Real Decreto-ley 16/2012). En educación, los cambios se
traducen en un aumento del número de alumnos por aula, el recorte de plantillas de
profesores junto con un aumento de sus horas lectivas, la reducción de becas para
transporte y comedor escolar y el incremento del precio de las matrículas en la
formación profesional y en la enseñanza universitaria (Real Decreto-Ley 14/2012). De
acuerdos con los cálculos del gobierno, el objetivo de todas estas medidas es reducir
el peso del gasto público sanitario en un 15,6% entre 2011 y 2016 y el del gasto
educativo en un 15,7% en el mismo periodo.
También las prestaciones por desempleo han sido recortadas mediante diversas
medidas como la reducción del 60% al 50% de la base reguladora de la prestación a
partir del sexto mes y la eliminación del subsidio para mayores de 45 años que hayan
agotado las prestaciones.
Como consecuencia de estas medidas, el gasto social total se ha reducido casi 7.000
millones de € entre 2010 y 2013. Si solo consideramos las prestaciones en especie
(como sanidad y educación) se observa una reducción del gasto de 17.500 millones
entre 2010 y 2013, equivalente al 10,7% del PIB.
3. Resultados
La responsabilidad de la situación económica y social no recae únicamente sobre la
política económica de los gobiernos nacionales. También los gobiernos locales y las
políticas desplegadas desde la Unión Europea tienen parte de responsabilidad,
especialmente en un contexto de globalización como el actual que reduce
significativamente la eficacia de las políticas nacionales. Sin embargo, el gobierno
tiene la oportunidad de atenuar los efectos de la crisis o agudizar sus consecuencias
con políticas equivocadas.
3.1. Impacto económico
En este apartado analizaré dos objetivos clásicos de la política económica. El déficit
público (perseguido por el gobierno español) y el crecimiento económico (no
perseguido).
España no tenía problemas con las finanzas públicas cuando estalló la crisis. Aun así,
el discurso sobre el manejo irresponsable del gasto público ha destacado entre las
causas de la crisis. El superávit público que tenía España en 2007 se transforma
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