El período iniciado en España a raíz de la muerte de Fernando VII representó el final
del Antiguo Régimen y el asentamiento de un Estado liberal moderno.
1.El reinado de Isabel II
En el reinado de Isabel II se distinguen dos etapas. La primera es la de las regencias
de María Cristina y Baldomero Espartero a la que siguió la del reinado efectivo de la
hija de Fernando VII. Algunos de los ejes políticos que condicionaron todo el período
fueron la complicada dialécta entre moderados y progresistas, la reinvidicación
carlista y el papel preponderante del ejército.
1.1 Partidos y dinámica política
La ideología liberal o liberalismo fue la corriente política mayoritaria en España
durante el período isabelino. Dentro del liberalismo pueden distinguirse dos grandes
tendencias: la moderada y la progresista. Sus diferencias internas en ocasiones
provocaron escisiones, como la del Partido Demócrata en el sector progresista. Por
otra parte, la voluntad de converger hacia postulados moderados y progresistas dio
lugar a la formación Unión Liberal.
Los partidarios del liberalismo moderado formaban parte de los sectores burgueses
industriales beneficiados por las desamortizaciones, la aristocracia latifundista, los
comerciantes, los financieros y los militares de alta graduación. Defendía una
soberanía compartida entre esta y las Cortes, con amplias atribuciones políticas al
monarca. Además era partidario de un sufragio censitario altamente restrictivo.
El liberalismo progresista, integrado por la pequeña burguesía, los artesanos y
militares de menor rango, reivindicaba la soberanía nacional plena. La Corona debía
abstenerse de participar de forma directa en asuntos políticos. Defendía un sufragio
censitario menos restrictivo que el de los moderados, la libertad de imprenta y la
formación de milicias nacionales para mantener el orden público.
En 1849, los sectores más radicales del progresismo fundaron el Partido Demócrata.
Defendía el sufragio universal masculino y políticas de laicización del Estado.
La Unión Liberal fue un proyecto político impulsado en su origen por el general
Leopoldo O´Donnell, a partir de 1854. Defendía la armonización de los conceptos de
libertad y orden para renovar la política de España.
Durante la época isabelina, la vida política estuvo determinada, en términos
generales, por la inestabilidad, como pusieron de manifiesto la escasa duración de los
Ejecutivos y la constante intervención de la Corona y del ejército en el nombramiento
y la destitución de los Gobiernos. Entre 1833 y 1868 se sucedieron más de cincuenta
gobiernos.
Con el apoyo de la Corona al liberalismo moderado y un sistema electoral
restringido, corrupto y afectado en gran medida por redes caciquiles, el liberalismo
progresista solo tuvo la posibilidad de acceder al poder cuando el descontento
popular cristalizó en revueltas y pronunciamientos militares.
, 1.2 La regencia de María Cristina (1833-1840)
Al morir Fernando VII, heredó el trono su hija Isabel, de solo 3 años. Por lo que las
responsabilidades de la Corona recayeron de manera temporal sobre su madre, María
Cristina de Borbón. La regente buscó el apoyo de los liberales moderados, puesto que
los partidarios del absolutismo y del Antiguo Régimen se habían alineado con el
pretendiente al trono Carlos María Isidro. Don Carlos y sus partidarios habían
propiciado una insurrección militar que derivó en la primera guerra carlista.
El primer presidente del Gobierno durante la regencia de María Cristina fue
Bermúdez. Impulsó reformas de carácter administrativo, como la división del Estado
en 15 regiones y 49 provincias.
Bermúdez que consideraba propias del despotismo ilustrado e insuficientes para
alcanzar la construcción de un Estado liberal. En enero de 1834 el liberal moderado
Francisco Martínez de la Rosa sustituyó a Cea Bermúdez y adoptó decisiones de
calado. Procedió a la disolución de la juridicción gremial para favorecer la libertad de
fabricación y de comercio; decretó la supresión de todos los conventos masculinos de
los que hubiera salido aunque fuera solo un fraile para unirse a la causa carlista, y
concedió amnistías a los liberales exiliados en Londres y París para huir de la
represión absolutista.
En 1834 se promulgó el Estatuto Real, una ley que hacía las veces de Constitución,
pero no había sido redactada por representantes de la nación.
A partir de julio de 1834 la inestabilidad política se hizo muy evidente. A los
problemas económicos y militares derivados de la guerra carlista, se unió una
epidemia de cólera morbo que desembocó en una feroz reacción antieclesiástica. En
este contexto, Martínez de la Rosa, presionado por los liberales progresistas, en gran
medida instigadores de las revueltas, dimitió en junio de 1835.
Lo sustituyó Jose María Queipo de Llano quien pese a la represión, no pudo sofocar
las protestas de liberalismo progresista. Tres meses después, dimitió y el liberalismo
progresista alcanzó el poder, con el banquero y hombre de negocios Juan Álvarez
Mendizábal como jefe del Ejecutivo que adoptó unas formas de gobierno
prácticamente dictatoriales. También, creó las diputaciones provinciales, reorganizó
las milicias nacionales y suprimió la Mesta.
La desarmotización de Mendizábal
Su acción más atrevida fue el proceso desamortizador, que puso a la venta bienes de
la Iglesia y tierras comunales. El objetivo era doble: por una parte, llevar a cabo una
reforma agraria que permitiese la aparición de una nueva capa social con capacidad
de invertir y generar riqueza y, por la otra, recaudar dinero para destinarlo a corregir
el alarmante déficit de la Hacienda pública y a derrotar las tropas carlistas.
En cualquier caso, la regente consideró demasiado profundas las medidas de Álvarez
Mendizábal y en mayo de 1836 lo destituyó y encargó la formación del Gobierno al
moderado Francisco Javier de Istúriz.
El Gobierno disgustó a los sectores progresistas, que protagonizaron varias revueltas
populares hasta que el motín militar de La Granja, en agosto de 1836, forzó a la
regente a aceptar la Constitución de 1812 y a formar un nuevo Gobierno progresista,
encabezado por José María Calatrava y con Álvarez Mendizábal como ministro de
Hacienda.