Cambios agrarios durante el siglo XIX . Las desamortizaciones.
Entre 1833 y 1868, bajo una gran inestabilidad política y la guerra carlista, España experimentó
cambios legislativos y económicos que implantaron la sociedad burguesa y capitalista. En el Antiguo
Régimen, la agricultura era el motor del país, concentrando el 64% de la población activa. Por ello, el
paso al Nuevo Régimen liberal tuvo como eje vertebrador la transformación de la propiedad de la
tierra.
Sin embargo, respecto a potencias como Inglaterra o Francia, la evolución española fue lenta e
inacabada debido a tres causas principales: las desfavorables condiciones naturales (orografía
montañosa y clima adverso); la baja productividad debida a herramientas rudimentarias y al
descontento campesino; y una estructura de la tierra mayoritariamente amortizada (vinculada a la
nobleza mediante mayorazgos, a la Iglesia, o a los municipios). Estas tierras, denominadas por los
ilustrados como de "manos muertas", no se podían vender ni fragmentar, quedando fuera del
mercado capitalista e impidiendo un rendimiento intensivo.
Con la llegada de los liberales al poder en 1836, especialmente los progresistas, se implementó la
Reforma Agraria Liberal. Sus objetivos eran liberar la agricultura de las trabas del Antiguo
Régimen para introducirla en la economía de mercado y crear una nueva clase de propietarios
capaces de optimizar la productividad. Esta reforma se sustentó en tres medidas jurídicas:
● La disolución del régimen señorial, iniciada en las Cortes de Cádiz, abolió las atribuciones
jurisdiccionales de los señores, pero les reconoció la propiedad privada de las tierras. Así, los
nobles pasaron a ser propietarios plenos y los campesinos arrendatarios se convirtieron en
jornaleros.
● La desvinculación de los mayorazgos supuso el fin de los patrimonios unidos perpetuamente
a una familia. Al declararse las tierras libres, se permitió su fragmentación y su venta en el
mercado.
● La desamortización fue un proceso histórico prolongado a lo largo del siglo XIX que consistió
en la incautación estatal de bienes colectivos amortizados (eclesiásticos y civiles) para su
posterior nacionalización y venta en subasta pública, transformándolos en propiedad privada.
Su aplicación coincidió siempre con gobiernos progresistas.
El proceso desamortizador no fue continuo, sino el resultado de diversas etapas condicionadas por los
vaivenes políticos entre el liberalismo y el absolutismo:
● La desamortización comenzó a ser aplicada en el siglo XVIII cuando se pusieron a la venta
los primeros bienes de los jesuitas (expulsados por Carlos III en 1767) y llegará hasta 1924.
● La desamortización de Godoy (1798) bajo el reinado de Carlos IV. La Hacienda Pública, en
crisis, acordó con la Iglesia la venta de bienes de beneficencia a cambio de vales reales.
● José I Bonaparte y las Cortes de Cádiz proyectaron de forma paralela la supresión de
órdenes monacales y la incautación de sus bienes para financiar la guerra.
● Durante el Trienio Liberal (1820-1823 se aprobó la "ley de monacales" para suprimir
órdenes religiosas y subastar sus bienes, además de eliminar los mayorazgos. Toda esta
legislación fue derogada por Fernando VII durante las fases de restauración absolutista
(como la Década Ominosa). En 1836 se suprimieron definitivamente los mayorazgos y en 1837
la Ley de Señoríos remató la desamortización señorial.
Juan Álvarez Mendizábal llegó al poder en 1835 (regencia de María Cristina) y promulgó en 1836 la
primera gran ley desamortizadora, ampliada en 1841 por Espartero al clero secular. Fue un proceso
irreversible que nacionalizó y vendió los bienes del clero regular (frailes y monjas) y secular,
persiguiendo tres objetivos fundamentales:
● Objetivo financiero: sanear la deuda pública de la Hacienda y obtener fondos urgentes para
armar al ejército isabelino frente a los carlistas.
● Objetivo social: movilizar la propiedad de la tierra, permitiendo a la burguesía adquirirla y
modernizarla. Previamente se había suprimido la Mesta (1273), eliminando los privilegios de los
nobles ganaderos sobre los cultivos campesinos.
Entre 1833 y 1868, bajo una gran inestabilidad política y la guerra carlista, España experimentó
cambios legislativos y económicos que implantaron la sociedad burguesa y capitalista. En el Antiguo
Régimen, la agricultura era el motor del país, concentrando el 64% de la población activa. Por ello, el
paso al Nuevo Régimen liberal tuvo como eje vertebrador la transformación de la propiedad de la
tierra.
Sin embargo, respecto a potencias como Inglaterra o Francia, la evolución española fue lenta e
inacabada debido a tres causas principales: las desfavorables condiciones naturales (orografía
montañosa y clima adverso); la baja productividad debida a herramientas rudimentarias y al
descontento campesino; y una estructura de la tierra mayoritariamente amortizada (vinculada a la
nobleza mediante mayorazgos, a la Iglesia, o a los municipios). Estas tierras, denominadas por los
ilustrados como de "manos muertas", no se podían vender ni fragmentar, quedando fuera del
mercado capitalista e impidiendo un rendimiento intensivo.
Con la llegada de los liberales al poder en 1836, especialmente los progresistas, se implementó la
Reforma Agraria Liberal. Sus objetivos eran liberar la agricultura de las trabas del Antiguo
Régimen para introducirla en la economía de mercado y crear una nueva clase de propietarios
capaces de optimizar la productividad. Esta reforma se sustentó en tres medidas jurídicas:
● La disolución del régimen señorial, iniciada en las Cortes de Cádiz, abolió las atribuciones
jurisdiccionales de los señores, pero les reconoció la propiedad privada de las tierras. Así, los
nobles pasaron a ser propietarios plenos y los campesinos arrendatarios se convirtieron en
jornaleros.
● La desvinculación de los mayorazgos supuso el fin de los patrimonios unidos perpetuamente
a una familia. Al declararse las tierras libres, se permitió su fragmentación y su venta en el
mercado.
● La desamortización fue un proceso histórico prolongado a lo largo del siglo XIX que consistió
en la incautación estatal de bienes colectivos amortizados (eclesiásticos y civiles) para su
posterior nacionalización y venta en subasta pública, transformándolos en propiedad privada.
Su aplicación coincidió siempre con gobiernos progresistas.
El proceso desamortizador no fue continuo, sino el resultado de diversas etapas condicionadas por los
vaivenes políticos entre el liberalismo y el absolutismo:
● La desamortización comenzó a ser aplicada en el siglo XVIII cuando se pusieron a la venta
los primeros bienes de los jesuitas (expulsados por Carlos III en 1767) y llegará hasta 1924.
● La desamortización de Godoy (1798) bajo el reinado de Carlos IV. La Hacienda Pública, en
crisis, acordó con la Iglesia la venta de bienes de beneficencia a cambio de vales reales.
● José I Bonaparte y las Cortes de Cádiz proyectaron de forma paralela la supresión de
órdenes monacales y la incautación de sus bienes para financiar la guerra.
● Durante el Trienio Liberal (1820-1823 se aprobó la "ley de monacales" para suprimir
órdenes religiosas y subastar sus bienes, además de eliminar los mayorazgos. Toda esta
legislación fue derogada por Fernando VII durante las fases de restauración absolutista
(como la Década Ominosa). En 1836 se suprimieron definitivamente los mayorazgos y en 1837
la Ley de Señoríos remató la desamortización señorial.
Juan Álvarez Mendizábal llegó al poder en 1835 (regencia de María Cristina) y promulgó en 1836 la
primera gran ley desamortizadora, ampliada en 1841 por Espartero al clero secular. Fue un proceso
irreversible que nacionalizó y vendió los bienes del clero regular (frailes y monjas) y secular,
persiguiendo tres objetivos fundamentales:
● Objetivo financiero: sanear la deuda pública de la Hacienda y obtener fondos urgentes para
armar al ejército isabelino frente a los carlistas.
● Objetivo social: movilizar la propiedad de la tierra, permitiendo a la burguesía adquirirla y
modernizarla. Previamente se había suprimido la Mesta (1273), eliminando los privilegios de los
nobles ganaderos sobre los cultivos campesinos.
