E4: EL RÉGIMEN LIBERAL Y LA HEGEMONÍA MODERADA
(1843-1868)
Tras el fin de la regencia de Espartero en 1843, se abrió en España un largo período dominado por el liberalismo
moderado que se prolongó, con fases de tensión y alternancia, hasta el destronamiento de Isabel II en 1868. Esta etapa
se caracterizó por la consolidación del Estado liberal, aunque bajo una versión conservadora y centralista, y por la
inestabilidad política derivada de la pugna entre distintas familias liberales y de la persistencia de los conflictos
sociales.
El moderantismo se fundamentaba en el liberalismo doctrinario, una corriente de pensamiento de carácter
conservador que defendía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un sufragio muy restringido, la limitación
de las libertades y el predominio de la religión católica como base moral del orden social. Económicamente, los
moderados favorecían a la gran propiedad, a los grupos de rentistas y a la burguesía financiera y comercial,
manteniendo un sistema fiscal que gravaba sobre todo a las clases populares. Su base social se hallaba en la
aristocracia terrateniente, altos funcionarios, mandos militares fieles a la Corona y buena parte de la Iglesia.
La Constitución de 1845 fue el marco jurídico que dio forma al modelo moderado. De carácter restrictivo, establecía la
soberanía compartida rey-Cortes, reducía el número de electores mediante un sufragio censitario muy limitado,
reforzaba el poder de la Corona en la designación del Senado y de los alcaldes de las grandes ciudades, y proclamaba la
confesionalidad católica del Estado. Junto con ella se aprobaron leyes de administración local y provincial que
configuraron un Estado centralista, uniforme y jerárquico, así como un nuevo sistema fiscal y una ambiciosa codificación
jurídica (Código Penal, Civil, de Comercio y Ley de Enjuiciamiento Civil), que buscaban institucionalizar un modelo de
Estado estable y controlado desde arriba.
El Bienio Progresista (1854-1856)
La crisis del moderantismo, acentuada por los escándalos de corrupción y la división interna, estalló con la Vicalvarada
de 1854. El Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, impulsó un programa regenerador de corte progresista.
Durante el gobierno de Espartero y O’Donnell se aprobaron medidas de carácter reformista: libertad de prensa,
convocatoria de Cortes Constituyentes, reorganización de la milicia nacional y, sobre todo, la desamortización de Madoz
(1855), que afectaba a bienes eclesiásticos y municipales. Esta operación pretendía sanear la Hacienda pública y
fomentar la circulación de la propiedad, pero tuvo como consecuencia la pérdida de tierras para los campesinos, un
aumento de la conflictividad social y nuevas tensiones con la Iglesia.
A esta etapa pertenece también la Ley General de Ferrocarriles de 1855, pieza clave de la política económica del
Bienio. Su objetivo era impulsar la construcción de una red
ferroviaria moderna que conectara las principales ciudades y puertos españoles, favoreciendo la integración del
mercado nacional y el desarrollo industrial. La ley estableció un marco jurídico que facilitaba la participación de capital
extranjero —principalmente francés y británico— y concedía amplias ventajas fiscales y subvenciones a las compañías
constructoras. Aunque el ritmo inicial de construcción fue lento, esta norma sentó las bases de la futura expansión
ferroviaria de las décadas siguientes, convirtiéndose en un símbolo de la modernización económica impulsada por los
progresistas.
(1843-1868)
Tras el fin de la regencia de Espartero en 1843, se abrió en España un largo período dominado por el liberalismo
moderado que se prolongó, con fases de tensión y alternancia, hasta el destronamiento de Isabel II en 1868. Esta etapa
se caracterizó por la consolidación del Estado liberal, aunque bajo una versión conservadora y centralista, y por la
inestabilidad política derivada de la pugna entre distintas familias liberales y de la persistencia de los conflictos
sociales.
El moderantismo se fundamentaba en el liberalismo doctrinario, una corriente de pensamiento de carácter
conservador que defendía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un sufragio muy restringido, la limitación
de las libertades y el predominio de la religión católica como base moral del orden social. Económicamente, los
moderados favorecían a la gran propiedad, a los grupos de rentistas y a la burguesía financiera y comercial,
manteniendo un sistema fiscal que gravaba sobre todo a las clases populares. Su base social se hallaba en la
aristocracia terrateniente, altos funcionarios, mandos militares fieles a la Corona y buena parte de la Iglesia.
La Constitución de 1845 fue el marco jurídico que dio forma al modelo moderado. De carácter restrictivo, establecía la
soberanía compartida rey-Cortes, reducía el número de electores mediante un sufragio censitario muy limitado,
reforzaba el poder de la Corona en la designación del Senado y de los alcaldes de las grandes ciudades, y proclamaba la
confesionalidad católica del Estado. Junto con ella se aprobaron leyes de administración local y provincial que
configuraron un Estado centralista, uniforme y jerárquico, así como un nuevo sistema fiscal y una ambiciosa codificación
jurídica (Código Penal, Civil, de Comercio y Ley de Enjuiciamiento Civil), que buscaban institucionalizar un modelo de
Estado estable y controlado desde arriba.
El Bienio Progresista (1854-1856)
La crisis del moderantismo, acentuada por los escándalos de corrupción y la división interna, estalló con la Vicalvarada
de 1854. El Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, impulsó un programa regenerador de corte progresista.
Durante el gobierno de Espartero y O’Donnell se aprobaron medidas de carácter reformista: libertad de prensa,
convocatoria de Cortes Constituyentes, reorganización de la milicia nacional y, sobre todo, la desamortización de Madoz
(1855), que afectaba a bienes eclesiásticos y municipales. Esta operación pretendía sanear la Hacienda pública y
fomentar la circulación de la propiedad, pero tuvo como consecuencia la pérdida de tierras para los campesinos, un
aumento de la conflictividad social y nuevas tensiones con la Iglesia.
A esta etapa pertenece también la Ley General de Ferrocarriles de 1855, pieza clave de la política económica del
Bienio. Su objetivo era impulsar la construcción de una red
ferroviaria moderna que conectara las principales ciudades y puertos españoles, favoreciendo la integración del
mercado nacional y el desarrollo industrial. La ley estableció un marco jurídico que facilitaba la participación de capital
extranjero —principalmente francés y británico— y concedía amplias ventajas fiscales y subvenciones a las compañías
constructoras. Aunque el ritmo inicial de construcción fue lento, esta norma sentó las bases de la futura expansión
ferroviaria de las décadas siguientes, convirtiéndose en un símbolo de la modernización económica impulsada por los
progresistas.
