Violencia institucional:
Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como
fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las
políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.-
EL ROL DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN EL ESTADO
DEMOCRATICO
Las fuerzas armadas cumplen tres funciones esenciales en el Estado. En
primer lugar -dice- representan los intereses de la sociedad en materia de
seguridad; en segundo lugar, asesoran al poder político en esa temática y,
en tercer lugar, llevan a cabo las misiones que el poder político establece.
Lo mejor es plantearla en sentido positivo, es decir, preguntarnos de qué
forma el estado democrático se asegura simultáneamente que (a) los
intereses de las sociedad en materia de seguridad estén garantizados y (b)
que la existencia de una organización militar permanente sea compatible
con la vigencia de las normas fundamentales de ese estado. Al respecto, la
teoría de las relaciones cívico-militares en el estado democrático sostiene
que las fuerzas armadas cumplen un rol profesional ligado
fundamentalmente a la defensa exterior.
El factor decisivo es que las fuerzas armadas no transgredan los límites de
su rol profesional pues mientras no lo hacen existe una legitimidad tácita de
las mismas.
El problema de la legitimidad de las fuerzas armadas en el estado
democrático está directamente vinculado a la subordinación sustantiva de
las mismas a la autoridad civil.
Lo contrario es una subordinación formal, con un alto grado de lo que
Augusto Varas denomina "autonomía institucional de las fuerzas armadas."
En ese caso, cuando no existen normas ni mecanismos institucionales
efectivo que restringen el rol de las armadas y dan lugar al ejercicio del
poder por parte de la autoridad civil en las decisiones específicas de política
militar, defensa nacional y seguridad interna, las fuerzas armadas tienden
indefectiblemente a incrementar su autonomía y expandir su rol y, como
consecuencia, a caer en la desprofesionalización y la ilegitimidad.-
, Gatillo fácil es el nombre utilizado comúnmente en Argentina para indicar
que se trata de un hecho de utilización abusiva por parte de las fuerzas de
seguridad hacia los sectores más humildes de la sociedad armas de fuego,
generalmente presentado por la policía como una acción accidental o de
legítima defensa.-
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2010
Una vez al año, desde 1996, CORREPI, acompañando su tarea militante diaria, presenta el Archivo
de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con estos datos nos
proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde
a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia
mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente
hace uso de la violencia y la represión. Esta sistematicidad de la represión queda evidenciada
cuando vemos que todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores
de este estado de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que
puede adquirir, según las circunstancias, distintas modalidades, pero cuyo denominador común es
la sistematicidad.
El caso de un gobierno como el de los Kirchner es paradigmático en este sentido. Frente a su
autoproclamación como gobierno “defensor de los DDHH”, se contraponen los datos concretos
que evidencian la efectividad de su política represiva. Gracias a su demagogia, ha logrado una
importante legitimación que silencia, aún más, el alcance de su eficacia represiva: Son 3.093 los
datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de
2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta
2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242
casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses
transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos. Se evidencia, así,
que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del
capitalismo.
Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a
pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la
creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores
sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible
calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura.
Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el
año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios
perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos,
aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea
Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como
fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las
políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.-
EL ROL DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN EL ESTADO
DEMOCRATICO
Las fuerzas armadas cumplen tres funciones esenciales en el Estado. En
primer lugar -dice- representan los intereses de la sociedad en materia de
seguridad; en segundo lugar, asesoran al poder político en esa temática y,
en tercer lugar, llevan a cabo las misiones que el poder político establece.
Lo mejor es plantearla en sentido positivo, es decir, preguntarnos de qué
forma el estado democrático se asegura simultáneamente que (a) los
intereses de las sociedad en materia de seguridad estén garantizados y (b)
que la existencia de una organización militar permanente sea compatible
con la vigencia de las normas fundamentales de ese estado. Al respecto, la
teoría de las relaciones cívico-militares en el estado democrático sostiene
que las fuerzas armadas cumplen un rol profesional ligado
fundamentalmente a la defensa exterior.
El factor decisivo es que las fuerzas armadas no transgredan los límites de
su rol profesional pues mientras no lo hacen existe una legitimidad tácita de
las mismas.
El problema de la legitimidad de las fuerzas armadas en el estado
democrático está directamente vinculado a la subordinación sustantiva de
las mismas a la autoridad civil.
Lo contrario es una subordinación formal, con un alto grado de lo que
Augusto Varas denomina "autonomía institucional de las fuerzas armadas."
En ese caso, cuando no existen normas ni mecanismos institucionales
efectivo que restringen el rol de las armadas y dan lugar al ejercicio del
poder por parte de la autoridad civil en las decisiones específicas de política
militar, defensa nacional y seguridad interna, las fuerzas armadas tienden
indefectiblemente a incrementar su autonomía y expandir su rol y, como
consecuencia, a caer en la desprofesionalización y la ilegitimidad.-
, Gatillo fácil es el nombre utilizado comúnmente en Argentina para indicar
que se trata de un hecho de utilización abusiva por parte de las fuerzas de
seguridad hacia los sectores más humildes de la sociedad armas de fuego,
generalmente presentado por la policía como una acción accidental o de
legítima defensa.-
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2010
Una vez al año, desde 1996, CORREPI, acompañando su tarea militante diaria, presenta el Archivo
de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con estos datos nos
proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde
a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia
mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente
hace uso de la violencia y la represión. Esta sistematicidad de la represión queda evidenciada
cuando vemos que todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores
de este estado de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que
puede adquirir, según las circunstancias, distintas modalidades, pero cuyo denominador común es
la sistematicidad.
El caso de un gobierno como el de los Kirchner es paradigmático en este sentido. Frente a su
autoproclamación como gobierno “defensor de los DDHH”, se contraponen los datos concretos
que evidencian la efectividad de su política represiva. Gracias a su demagogia, ha logrado una
importante legitimación que silencia, aún más, el alcance de su eficacia represiva: Son 3.093 los
datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de
2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta
2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242
casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses
transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos. Se evidencia, así,
que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del
capitalismo.
Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a
pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la
creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores
sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible
calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura.
Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el
año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios
perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos,
aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea
