BLOQUE 6
6.1. El reinado de Isabel II (1833 - 1868): la primera guerra carlista. Evolución política,
partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
Durante el reinado de Isabel II (1833 - 1868) tuvo lugar el paso del Antiguo Régimen a un nuevo
modelo de Estado liberal. Este proceso fue muy complejo.
En 1830 Fernando VII derogó la Ley Sálica y promulgó la Pragmática Sanción, asegurando así los
derechos al trono a Isabel. Tras la muerte del rey, Carlos María Isidro se negó a reconocer a su
sobrina (Manifiesto de Abrantes, octubre de 1833) e inició un conflicto dinástico que supuso la
primera guerra carlista (1833 - 1840). Se enfrentaron dos bandos que defendían modelos de
Estado diferentes: los carlistas defendían el Antiguo Régimen, el absolutismo y los fueros; y los
isabelinos defendían el modelo liberal, el constitucionalismo y la soberanía nacional. En 1839,
Espartero y Maroto firmaron el Convenio de Vergara poniendo fin a la guerra, pero no al
conflicto que posteriormente originó dos guerras más.
De esta manera, la guerra carlista se convirtió en uno de los principales problemas del período
de Regencias, al igual que la división de los liberales entre moderados y progresistas. Los
moderados defendían los intereses de las clases más altas, la soberanía compartida y un sufragio
censitario muy restringido. Sus principios quedaron plasmados en la Constitución de 1845. Los
progresistas eran partidarios de limitar el poder a la Corona, defendían la soberanía nacional y
la ampliación del sufragio. Sus principios quedaron plasmados en la Constitución de 1837.
Durante la regencia de María Cristina (1833 - 1840) los moderados ocuparon el poder con
excepción del período progresista (1835 - 1837). Con Martínez de la Rosa en el gobierno se
aprobó el Estatuto Real de 1834, una Carta Otorgada que no reconocía la soberanía nacional ni
la separación de poderes y establecía un sistema bicameral sin capacidad legislativa. Los
progresistas se movilizaron contra el Estatuto Real y se produjeron numerosas revueltas urbanas
que obligaron a la regente a nombrar a Mendizábal como jefe de gobierno en 1835. Fue en ese
momento cuando se puso en marcha la Ley de Desamortización eclesiástica. Durante el gobierno
de Calatrava se redactó y se aprobó la Constitución de 1837, progresista, pero con
planteamientos moderados. En ella se reconoció la soberanía nacional, la división de poderes,
se reforzó el poder de la Corona, se defendió la elección de los ayuntamientos por los vecinos y
la Milicia Nacional y el Estado dejó de ser confesional. Otras reformas del gobierno progresista
estuvieron encaminadas a la supresión del régimen señorial, los mayorazgos y el diezmo y al
restablecimiento de la ley de imprenta y prensa.
En 1840 la suma de acontecimientos (la nueva Ley de Ayuntamientos, la grave situación política
y el desprestigio de la regente) obligó a María Cristina a marchar al exilio.
Las Cortes eligieron a Espartero como nuevo regente (1840 - 1843). Gobernó con gran
autoritarismo y sin contar con las Cortes. El bombardeo de Barcelona (diciembre de 1842),
provocó el rechazo de los suyos y la oportunidad para los moderados, que acabaron
enfrentándose a las tropas del gobierno en Torrejón de Ardoz (julio de 1843). Espartero marchó
al exilio y se inició el reinado efectivo de Isabel II.
Durante el reinado personal de Isabel II (1843 - 1868) se consolidó el Estado liberal, apoyándose
sobre todo en los moderados, especialmente en Narváez.
En la Década Moderada (1844 - 1854) se aprobó la Constitución de 1845. En ella se defendía la
soberanía compartida, se restringió el sufragio, se reforzó aún más el poder de la Corona, se
suprimió la Milicia Nacional y se volvió al Estado confesional. Durante los gobiernos moderados
se creó la Guardia Civil, se aprobó un nuevo Código Penal, la Reforma Fiscal de A. Mon y la Ley
de Ayuntamientos. Por otro lado, se desarrolló la segunda guerra carlista (1846 - 1849) y se creó
el Partido Demócrata (1849).
6.1. El reinado de Isabel II (1833 - 1868): la primera guerra carlista. Evolución política,
partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
Durante el reinado de Isabel II (1833 - 1868) tuvo lugar el paso del Antiguo Régimen a un nuevo
modelo de Estado liberal. Este proceso fue muy complejo.
En 1830 Fernando VII derogó la Ley Sálica y promulgó la Pragmática Sanción, asegurando así los
derechos al trono a Isabel. Tras la muerte del rey, Carlos María Isidro se negó a reconocer a su
sobrina (Manifiesto de Abrantes, octubre de 1833) e inició un conflicto dinástico que supuso la
primera guerra carlista (1833 - 1840). Se enfrentaron dos bandos que defendían modelos de
Estado diferentes: los carlistas defendían el Antiguo Régimen, el absolutismo y los fueros; y los
isabelinos defendían el modelo liberal, el constitucionalismo y la soberanía nacional. En 1839,
Espartero y Maroto firmaron el Convenio de Vergara poniendo fin a la guerra, pero no al
conflicto que posteriormente originó dos guerras más.
De esta manera, la guerra carlista se convirtió en uno de los principales problemas del período
de Regencias, al igual que la división de los liberales entre moderados y progresistas. Los
moderados defendían los intereses de las clases más altas, la soberanía compartida y un sufragio
censitario muy restringido. Sus principios quedaron plasmados en la Constitución de 1845. Los
progresistas eran partidarios de limitar el poder a la Corona, defendían la soberanía nacional y
la ampliación del sufragio. Sus principios quedaron plasmados en la Constitución de 1837.
Durante la regencia de María Cristina (1833 - 1840) los moderados ocuparon el poder con
excepción del período progresista (1835 - 1837). Con Martínez de la Rosa en el gobierno se
aprobó el Estatuto Real de 1834, una Carta Otorgada que no reconocía la soberanía nacional ni
la separación de poderes y establecía un sistema bicameral sin capacidad legislativa. Los
progresistas se movilizaron contra el Estatuto Real y se produjeron numerosas revueltas urbanas
que obligaron a la regente a nombrar a Mendizábal como jefe de gobierno en 1835. Fue en ese
momento cuando se puso en marcha la Ley de Desamortización eclesiástica. Durante el gobierno
de Calatrava se redactó y se aprobó la Constitución de 1837, progresista, pero con
planteamientos moderados. En ella se reconoció la soberanía nacional, la división de poderes,
se reforzó el poder de la Corona, se defendió la elección de los ayuntamientos por los vecinos y
la Milicia Nacional y el Estado dejó de ser confesional. Otras reformas del gobierno progresista
estuvieron encaminadas a la supresión del régimen señorial, los mayorazgos y el diezmo y al
restablecimiento de la ley de imprenta y prensa.
En 1840 la suma de acontecimientos (la nueva Ley de Ayuntamientos, la grave situación política
y el desprestigio de la regente) obligó a María Cristina a marchar al exilio.
Las Cortes eligieron a Espartero como nuevo regente (1840 - 1843). Gobernó con gran
autoritarismo y sin contar con las Cortes. El bombardeo de Barcelona (diciembre de 1842),
provocó el rechazo de los suyos y la oportunidad para los moderados, que acabaron
enfrentándose a las tropas del gobierno en Torrejón de Ardoz (julio de 1843). Espartero marchó
al exilio y se inició el reinado efectivo de Isabel II.
Durante el reinado personal de Isabel II (1843 - 1868) se consolidó el Estado liberal, apoyándose
sobre todo en los moderados, especialmente en Narváez.
En la Década Moderada (1844 - 1854) se aprobó la Constitución de 1845. En ella se defendía la
soberanía compartida, se restringió el sufragio, se reforzó aún más el poder de la Corona, se
suprimió la Milicia Nacional y se volvió al Estado confesional. Durante los gobiernos moderados
se creó la Guardia Civil, se aprobó un nuevo Código Penal, la Reforma Fiscal de A. Mon y la Ley
de Ayuntamientos. Por otro lado, se desarrolló la segunda guerra carlista (1846 - 1849) y se creó
el Partido Demócrata (1849).
