NOMBRE Y APELLIDOS: Kevin Ángel Puccio Mego
¿Considera que la administración aplica su facultad discrecional para establecer si
una conducta es infracción o delito? ¿Si así fuera, ello atentaría contra el principio de
Legalidad?
Para responder a ello, se tiene que tener una breve noción de lo que significa la
facultad discrecional dentro del derecho en materia tributaria; en virtud del cual debe
comprenderse como aquella potestad que le confiere la norma a la Administración
tributaria para poder actuar frente aquellas determinadas situaciones de hecho
dejando la posibilidad de poderla ejercer de una forma no univoca; quiere decir ello,
que se da ante situaciones en que la norma no prevé o anticipa determinados aspectos
remitiendo esa decisión al ente administrador.
Para tal efecto, el articulo IV del título preliminar del Código Tributario recoge ese
carácter discrecional que goza la Administración tributaria para poder optar por una
solución administrativa atendiendo a un interés publico dentro del marco que
establece la ley. En virtud de ello el articulo 166 del precitado texto normativo;
evidencia la facultad sancionadora obedeciendo al carácter discrecional para sancionar
aquellas conductas infractoras.
Por otra parte, lo señalado en clase, respecto del ejemplo proporcionado en virtud al
articulo 175 del Código Tributario y al articulo 5 de la Ley penal Tributaria, en que
ambos textos normativos recogen una conducta similar; radicando la diferencia en que
una es considerada como infracción y la otra como ilícito; considero se trata de una
infracción tributaria; esto en virtud de lo establecido en los artículos precitados
anteriormente, debido a esta facultad discrecional que tiene el ente administrador;
además que la si bien la ley penal tributaria tiene algunas diferencias con la ley penal
común, los principios generales son aplicables a ambos; de modo tal que en atención
al principio de ultima ratio como lo es la ley penal, debe buscarse otras soluciones que
resulten menos lesivas; sin embargo un factor que considero fundamental para
considerar si es una infracción o un ilícito es que en atención al caso deberá verificarse
si la conducta atendía a un animo de defraudar a la administración tributaria; esto
debido a que en los casos de infracción no interesa si la conducta fue realizada
dolosamente o no; pues solo basta que el supuesto de hecho calce con lo que rige en
la norma tributaria para ser considera infracción, por tanto es que un factor
fundamental es el ánimo de defraudar.
No existe por tanto, una lesión o puesta en peligro al principio de legalidad, esto
debido a que es consecuencia de la atribución normativa que prevé dichas facultades
direccionadas a la Administración tributaria; en otras palabras, se encuentra regulada
dentro del precepto normativo tributario; y que por consiguiente, no existe un
quebrantamiento a tal principio, de modo tal que tales facultades discrecionales
obedecen a una libertad emanada por el ente administrador, sin embargo esta libertad
tendrá que obedecer a lo que se encuentre regulado dentro del Código Tributario, en
concordancia a cada caso en particular.
¿Considera que la administración aplica su facultad discrecional para establecer si
una conducta es infracción o delito? ¿Si así fuera, ello atentaría contra el principio de
Legalidad?
Para responder a ello, se tiene que tener una breve noción de lo que significa la
facultad discrecional dentro del derecho en materia tributaria; en virtud del cual debe
comprenderse como aquella potestad que le confiere la norma a la Administración
tributaria para poder actuar frente aquellas determinadas situaciones de hecho
dejando la posibilidad de poderla ejercer de una forma no univoca; quiere decir ello,
que se da ante situaciones en que la norma no prevé o anticipa determinados aspectos
remitiendo esa decisión al ente administrador.
Para tal efecto, el articulo IV del título preliminar del Código Tributario recoge ese
carácter discrecional que goza la Administración tributaria para poder optar por una
solución administrativa atendiendo a un interés publico dentro del marco que
establece la ley. En virtud de ello el articulo 166 del precitado texto normativo;
evidencia la facultad sancionadora obedeciendo al carácter discrecional para sancionar
aquellas conductas infractoras.
Por otra parte, lo señalado en clase, respecto del ejemplo proporcionado en virtud al
articulo 175 del Código Tributario y al articulo 5 de la Ley penal Tributaria, en que
ambos textos normativos recogen una conducta similar; radicando la diferencia en que
una es considerada como infracción y la otra como ilícito; considero se trata de una
infracción tributaria; esto en virtud de lo establecido en los artículos precitados
anteriormente, debido a esta facultad discrecional que tiene el ente administrador;
además que la si bien la ley penal tributaria tiene algunas diferencias con la ley penal
común, los principios generales son aplicables a ambos; de modo tal que en atención
al principio de ultima ratio como lo es la ley penal, debe buscarse otras soluciones que
resulten menos lesivas; sin embargo un factor que considero fundamental para
considerar si es una infracción o un ilícito es que en atención al caso deberá verificarse
si la conducta atendía a un animo de defraudar a la administración tributaria; esto
debido a que en los casos de infracción no interesa si la conducta fue realizada
dolosamente o no; pues solo basta que el supuesto de hecho calce con lo que rige en
la norma tributaria para ser considera infracción, por tanto es que un factor
fundamental es el ánimo de defraudar.
No existe por tanto, una lesión o puesta en peligro al principio de legalidad, esto
debido a que es consecuencia de la atribución normativa que prevé dichas facultades
direccionadas a la Administración tributaria; en otras palabras, se encuentra regulada
dentro del precepto normativo tributario; y que por consiguiente, no existe un
quebrantamiento a tal principio, de modo tal que tales facultades discrecionales
obedecen a una libertad emanada por el ente administrador, sin embargo esta libertad
tendrá que obedecer a lo que se encuentre regulado dentro del Código Tributario, en
concordancia a cada caso en particular.
