La Constitución de 1931 supone un cambio importante respecto al constitucionalismo español
anterior, introduce conceptos nuevos, y los derechos no serán solo individuales, sino que se
incorporan también los sociales, económicos y culturales. Se da una diferente dimensión a
conceptos básicos como la empresa, la propiedad y la acción intervencionista del Estado.
Como principios más representativos podemos destacar los siguientes:
- Soberanía popular: A diferencia de otros textos, no indica que la soberanía radica en la
nación, sino que emplea el término "pueblo". Así, el art. 1 proclama que "los poderes de
todos sus órganos emanan del pueblo", palabra que repite en el art. 51 al indicar que la
potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes.
- Sufragio universal: la característica más representativa del ejercicio de la soberanía
nacional. El sufragio universal de los ciudadanos a la edad de 23 años queda plenamente
establecido en el texto, incorporando poco después el femenino, por lo que es la primera
vez que puede hablarse en España de auténtico sufragio universal de la ciudadanía.
- Derechos y libertades: Amplia declaración de derechos. Incorpora a los derechos
individuales propios del Estado liberal, otros de carácter económico, social y cultural, así
como referentes a la familia, y desarrolla los de asociación política y sindical (art. 39).
- Estado integral: El artículo primero de la Constitución define España como "una República
democrática de trabajadores de toda la clase, que se organiza en régimen de Libertad y de
Justicia", para afirmar a continuación que "la República constituye un Estado integral,
compatible con la autonomía de los municipios y las regiones". Nuestra historia
constitucional recoge en este texto, por primera vez, un Estado distinto del unitario que
había existido desde la Constitución de Cádiz hasta la Restauración canovista. Lo que se
pretendió en 1931 fue establecer un modelo intermedio entre Estado federal y unitario.
- Estado laico: El artículo tercero de la Constitución afirma que "el Estado no tiene religión
oficial", proclamando por tanto la abstención de los poderes públicos en el orden religioso,
en contraposición con las constituciones anteriores. Resultó especialmente polémico el
artículo 26, que suprimía todo apoyo económico estatal a la Iglesia Católica y a las órdenes
religiosas, que pasaban a tener la condición de asociaciones, prohibiendoles el ejercicio de
la enseñanza. El artículo 27 establece la libertad de conciencia y de culto.
También encontramos una división e interrelación de los poderes del Estado. Junto a los
derechos políticos y civiles clásicos de las constituciones liberales del siglo XIX, se recogen los
derechos sociales y económicos y, lo que es igualmente importante, un sistema de garantías de
todos los derechos que culmina en el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Se trata de la primera constitución del mundo en crear un tribunal de garantías constitucionales
(órganos que velan y garantizan la aplicación normativa de la constitución) inspirándose en la
pirámide de Kelsen. ( Aunque en diversos proyectos constitucionales (1873 y 1929) se
contemplaba un control de constitucionalidad, el Tribunal de Garantías Constitucionales es el
único antecedente del actual Tribunal Constitucional español.
En el ámbito de la regulación constitucional de las relaciones internacionales, las Cortes
Constituyentes decidieron acoger nuevos objetivos, valores y normas de comportamiento en la
sociedad internacional que suponían, en la práctica, la incorporación de los preceptos
esenciales del Pacto de la Sociedad de Naciones*
A fin de promover la cooperación y alcanzar la paz y seguridad internacionales, por la
aceptación de ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, firme establecimiento de las
normas del derecho internacional como la regla de conducta efectiva entre los gobiernos, y por
el mantenimiento de la justicia y el respeto, convienen en el presente Pacto de la Liga de las
Naciones
El avance más trascendental de la Constitución de 1931, tanto en el ámbito constitucional como
internacional, fue la proclamación expresa de la renuncia a la guerra como instrumento de
política nacional. (art. 6)
La Constitución de 1931 ha sido una de las más polémicas de nuestra historia. Mientras que
para unos fue "la más terminante y rigurosa expresión del realismo español", para otros
representó "un modelo teórico y doctrinal" que no tomó suficientemente en cuenta a la sociedad
de su época.
anterior, introduce conceptos nuevos, y los derechos no serán solo individuales, sino que se
incorporan también los sociales, económicos y culturales. Se da una diferente dimensión a
conceptos básicos como la empresa, la propiedad y la acción intervencionista del Estado.
Como principios más representativos podemos destacar los siguientes:
- Soberanía popular: A diferencia de otros textos, no indica que la soberanía radica en la
nación, sino que emplea el término "pueblo". Así, el art. 1 proclama que "los poderes de
todos sus órganos emanan del pueblo", palabra que repite en el art. 51 al indicar que la
potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes.
- Sufragio universal: la característica más representativa del ejercicio de la soberanía
nacional. El sufragio universal de los ciudadanos a la edad de 23 años queda plenamente
establecido en el texto, incorporando poco después el femenino, por lo que es la primera
vez que puede hablarse en España de auténtico sufragio universal de la ciudadanía.
- Derechos y libertades: Amplia declaración de derechos. Incorpora a los derechos
individuales propios del Estado liberal, otros de carácter económico, social y cultural, así
como referentes a la familia, y desarrolla los de asociación política y sindical (art. 39).
- Estado integral: El artículo primero de la Constitución define España como "una República
democrática de trabajadores de toda la clase, que se organiza en régimen de Libertad y de
Justicia", para afirmar a continuación que "la República constituye un Estado integral,
compatible con la autonomía de los municipios y las regiones". Nuestra historia
constitucional recoge en este texto, por primera vez, un Estado distinto del unitario que
había existido desde la Constitución de Cádiz hasta la Restauración canovista. Lo que se
pretendió en 1931 fue establecer un modelo intermedio entre Estado federal y unitario.
- Estado laico: El artículo tercero de la Constitución afirma que "el Estado no tiene religión
oficial", proclamando por tanto la abstención de los poderes públicos en el orden religioso,
en contraposición con las constituciones anteriores. Resultó especialmente polémico el
artículo 26, que suprimía todo apoyo económico estatal a la Iglesia Católica y a las órdenes
religiosas, que pasaban a tener la condición de asociaciones, prohibiendoles el ejercicio de
la enseñanza. El artículo 27 establece la libertad de conciencia y de culto.
También encontramos una división e interrelación de los poderes del Estado. Junto a los
derechos políticos y civiles clásicos de las constituciones liberales del siglo XIX, se recogen los
derechos sociales y económicos y, lo que es igualmente importante, un sistema de garantías de
todos los derechos que culmina en el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Se trata de la primera constitución del mundo en crear un tribunal de garantías constitucionales
(órganos que velan y garantizan la aplicación normativa de la constitución) inspirándose en la
pirámide de Kelsen. ( Aunque en diversos proyectos constitucionales (1873 y 1929) se
contemplaba un control de constitucionalidad, el Tribunal de Garantías Constitucionales es el
único antecedente del actual Tribunal Constitucional español.
En el ámbito de la regulación constitucional de las relaciones internacionales, las Cortes
Constituyentes decidieron acoger nuevos objetivos, valores y normas de comportamiento en la
sociedad internacional que suponían, en la práctica, la incorporación de los preceptos
esenciales del Pacto de la Sociedad de Naciones*
A fin de promover la cooperación y alcanzar la paz y seguridad internacionales, por la
aceptación de ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, firme establecimiento de las
normas del derecho internacional como la regla de conducta efectiva entre los gobiernos, y por
el mantenimiento de la justicia y el respeto, convienen en el presente Pacto de la Liga de las
Naciones
El avance más trascendental de la Constitución de 1931, tanto en el ámbito constitucional como
internacional, fue la proclamación expresa de la renuncia a la guerra como instrumento de
política nacional. (art. 6)
La Constitución de 1931 ha sido una de las más polémicas de nuestra historia. Mientras que
para unos fue "la más terminante y rigurosa expresión del realismo español", para otros
representó "un modelo teórico y doctrinal" que no tomó suficientemente en cuenta a la sociedad
de su época.
