Tema 4. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-
1902)
Tras el convulso Sexenio Democrático (1868-74) la política española entraría en un periodo conservador,
marcado por la estabilidad institucional, conocido como la Restauración donde predominaban los valores
conservadores de orden, propiedad y monarquía. Se trataba de crean un sistema político compartido por
todos los sectores burgueses a los que se aseguraba un cierto margen de libertad de expresión y de plura-
lismo mientras se producía la exclusión de los sectores populares de la vida política, buscando reafirmar el
peso de las instituciones tradicionales (nobleza, Iglesia) frente al legado de radicalismo e inestabilidad del
sexenio. El regreso de la casa Borbón, en la persona de Alfonso XII, fue preparado por Cánovas del Castillo
quien le hizo firmar el Manifiesto de Sandhurst en el que se presentaba ante el pueblo español como un
monarca conciliador, fiel a la tradición española y al moderantismo y facilitado por el pronunciamiento en
Saguntode 1874, liderado por el general Martínez Campos.
Alfonso XII desembarcó en Barcelona en enero de 1875 e inmediatamente firmó un decreto por el que ratifi-
caba a Cánovas del Castillo como presidente del Consejo de Ministros.
En 1876 se estableció una nueva Constitución que es una clara muestra de liberalismo doctrinario, caracteri-
zado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. Concedía amplios
poderes al monarca como nombrar y separar libremente a los ministros sancionar y promulgar las leyes;
convocar, disolver y suspender las Cortes. Era una constitución de carácter marcadamente conservador e
inspirada en los valores históricos de la monarquía, la religión y la propiedad. Su gran ventaja radicaba en su
elasticidad; es decir, un articulado poco preciso que era compatible con gobiernos distintos. Las Cortes
eran bicamerales (Congreso y Senado). Se proclamaba la confesionalidad católica del Estado, aunque tole-
raba otras creencias y se expresaba una declaración de derechos (libertad de opinión, de reunión, de
prensa, de asociación, inviolabilidad del domicilio, etc.). El Estado se organizaba de forma centralizada. Se
suprimía la autonomía local, los municipios quedaban subordinados al poder ejecutivo. Se establecía la igual-
dad jurisdiccional para todo el territorio. Se suprimieron los fueros vascos (1876), sustituidos por el ventajoso
sistema de conciertos. Y se estableció la igualdad fiscal y el servicio militar obligatorio nacional.
El sistema de gobierno es el “sistema canovista" ya que fue Cánovas del Castillo quien lo diseñó tomando
como modelo el parlamentarismo británico: consistía en una monarquía parlamentaria en la que dos par-
tidos se turnarían pacíficamente en el poder. Era un sistema electoral basado en la gran abstención y el
fraude que garantizase el turnismo. El sistema de gobierno (sistema Canovista) se basa en el bipartidismo
y la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos (el Partido Liberal Conservador (liderado
por Cánovas e integrado por miembros del antiguo Partido Moderado y la Unión liberal) y el Partido Liberal
Fusionista (liderado por Sagasta y aglutinó a los antiguos progresistas y constitucionalistas, incluso a los
sectores del Partido Radical)) conocida como “turnismo”.
Se trataba, por tanto, de un falso régimen parlamentario ya que los dos partidos, conservadores y liberales,
solo representaban los intereses de la burguesía y las élites sociales, y porque turno pacífico respondía a
acuerdos previos y a un pactado fraude electoral. Los dos partidos se turnaban apoyados por la corona, ya
que atendiendo al criterio del monarca, que era el encargado de apreciar si la situación política exigía el
cambio de partido en el gobierno; decidido esto, inmediatamente, convocaba nuevas elecciones para que el
gobierno pudiera contar con la mayoría parlamentaria suficiente. Convocadas las elecciones comenzaba el
fraude electoral. Desde Madrid se transmitían instrucciones a los gobernadores civiles de cada provincia,
estos elaboraban la lista de los candidatos que debían salir elegidos en cada localidad (“los encasillados”) y
se lo comunicaban a los caciques (poderes) locales que se encargaban de la manipulación de los resultados
electorales mediante diversos procedimientos que iban desde las amenazas, a la falsificación del censo o el
“pucherazo”.
Estas características marcarían al sistema hasta consagrarse la expresión de Joaquín Costa de “oligarquía y
caciquismo” como descripción de un régimen estable, pero corrupto en sus raíces y cuya alternancia partidaria
y marco legal liberal encubre la dificultad de una participación política real de la población.
1902)
Tras el convulso Sexenio Democrático (1868-74) la política española entraría en un periodo conservador,
marcado por la estabilidad institucional, conocido como la Restauración donde predominaban los valores
conservadores de orden, propiedad y monarquía. Se trataba de crean un sistema político compartido por
todos los sectores burgueses a los que se aseguraba un cierto margen de libertad de expresión y de plura-
lismo mientras se producía la exclusión de los sectores populares de la vida política, buscando reafirmar el
peso de las instituciones tradicionales (nobleza, Iglesia) frente al legado de radicalismo e inestabilidad del
sexenio. El regreso de la casa Borbón, en la persona de Alfonso XII, fue preparado por Cánovas del Castillo
quien le hizo firmar el Manifiesto de Sandhurst en el que se presentaba ante el pueblo español como un
monarca conciliador, fiel a la tradición española y al moderantismo y facilitado por el pronunciamiento en
Saguntode 1874, liderado por el general Martínez Campos.
Alfonso XII desembarcó en Barcelona en enero de 1875 e inmediatamente firmó un decreto por el que ratifi-
caba a Cánovas del Castillo como presidente del Consejo de Ministros.
En 1876 se estableció una nueva Constitución que es una clara muestra de liberalismo doctrinario, caracteri-
zado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. Concedía amplios
poderes al monarca como nombrar y separar libremente a los ministros sancionar y promulgar las leyes;
convocar, disolver y suspender las Cortes. Era una constitución de carácter marcadamente conservador e
inspirada en los valores históricos de la monarquía, la religión y la propiedad. Su gran ventaja radicaba en su
elasticidad; es decir, un articulado poco preciso que era compatible con gobiernos distintos. Las Cortes
eran bicamerales (Congreso y Senado). Se proclamaba la confesionalidad católica del Estado, aunque tole-
raba otras creencias y se expresaba una declaración de derechos (libertad de opinión, de reunión, de
prensa, de asociación, inviolabilidad del domicilio, etc.). El Estado se organizaba de forma centralizada. Se
suprimía la autonomía local, los municipios quedaban subordinados al poder ejecutivo. Se establecía la igual-
dad jurisdiccional para todo el territorio. Se suprimieron los fueros vascos (1876), sustituidos por el ventajoso
sistema de conciertos. Y se estableció la igualdad fiscal y el servicio militar obligatorio nacional.
El sistema de gobierno es el “sistema canovista" ya que fue Cánovas del Castillo quien lo diseñó tomando
como modelo el parlamentarismo británico: consistía en una monarquía parlamentaria en la que dos par-
tidos se turnarían pacíficamente en el poder. Era un sistema electoral basado en la gran abstención y el
fraude que garantizase el turnismo. El sistema de gobierno (sistema Canovista) se basa en el bipartidismo
y la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos (el Partido Liberal Conservador (liderado
por Cánovas e integrado por miembros del antiguo Partido Moderado y la Unión liberal) y el Partido Liberal
Fusionista (liderado por Sagasta y aglutinó a los antiguos progresistas y constitucionalistas, incluso a los
sectores del Partido Radical)) conocida como “turnismo”.
Se trataba, por tanto, de un falso régimen parlamentario ya que los dos partidos, conservadores y liberales,
solo representaban los intereses de la burguesía y las élites sociales, y porque turno pacífico respondía a
acuerdos previos y a un pactado fraude electoral. Los dos partidos se turnaban apoyados por la corona, ya
que atendiendo al criterio del monarca, que era el encargado de apreciar si la situación política exigía el
cambio de partido en el gobierno; decidido esto, inmediatamente, convocaba nuevas elecciones para que el
gobierno pudiera contar con la mayoría parlamentaria suficiente. Convocadas las elecciones comenzaba el
fraude electoral. Desde Madrid se transmitían instrucciones a los gobernadores civiles de cada provincia,
estos elaboraban la lista de los candidatos que debían salir elegidos en cada localidad (“los encasillados”) y
se lo comunicaban a los caciques (poderes) locales que se encargaban de la manipulación de los resultados
electorales mediante diversos procedimientos que iban desde las amenazas, a la falsificación del censo o el
“pucherazo”.
Estas características marcarían al sistema hasta consagrarse la expresión de Joaquín Costa de “oligarquía y
caciquismo” como descripción de un régimen estable, pero corrupto en sus raíces y cuya alternancia partidaria
y marco legal liberal encubre la dificultad de una participación política real de la población.
